Desde 2015, Droguería Pisa ha recibido Q10 millones del Estado

En mayo de 2015, la Droguería Pisa fue acusada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber sobornado a autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para obtener un contrato de Q116 millones para dar servicios de diálisis a enfermos renales.

Más de 50 pacientes que recibieron tratamiento de esta droguería murieron. El juicio por este caso se encuentra en etapa de conclusiones, luego de haberse extendido por más de dos años. Durante ese tiempo, la droguería continuó como proveedora del Estado y desde 2015 a la fecha, ha recibido Q10 millones 614 mil 472 en adjudicaciones y publicaciones, según el portal de compras y contrataciones, Guatecompras.

El portal detalla que en lo que ha transcurrido de 2018, la empresa ha sido beneficiada con adjudicaciones y compras por Q394 mil 179. Las adquisiciones se han realizado a través del Ministerio de la Defensa, la Asociación de Liga Nacional contra el Cáncer, la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala, el Ministerio de Gobernación y la Unidad Nacional de Oftalmología.

En tanto, durante 2017 recibió Q 339 mil 639.56 de parte del Estado. Las adquisiciones se hicieron a través de esas mismas instituciones.
A eso se suma que durante 2016 la empresa recibió Q 2 millones 832 mil 388. Ese año, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el IGSS fueron los principales contratistas.

En 2015, el año en que se dio a conocer el caso, Pisa recibió más de Q7 millones por proveedor de productos y servicios a distintas entidades.

Desde 2005 a la fecha, la empresa ha recibido Q156 millones 912 mil 294 de parte del Estado.

Los implicados

Por este caso está siendo procesado el ex presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien era una de los funcionarios más cercanos a Otto Pérez Molina, quien también enfrenta distintos procesos por corrupción durante su gobierno.

El MP también acusó a la junta directiva del Seguro Social por haber autorizado el contrato, a pesar de que se mostraban varias anomalías.

Otto Molina Stalling, hijo de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, también enfrenta a la justicia por este caso, ya que fue quien intervino entre el IGSS y Pisa.