Jimmy Morales denunció a ciudadano que lo increpó

“¡Jimmy Morales, a los tribunales!”, exclamó un hombre detrás de la cámara de su teléfono móvil cuando el presidente Jimmy Morales accedía a un pasillo para salir de una actividad el 25 de abril pasado.

Al verlo, el mandatario le extendió la mano, pero el hombre se la negó. “¿Podés verme a los ojos y decirme que no te has robado un centavo? Pero primero, ponete los lentes de Q70 mil. Las 56 más uno están en tus manos, cerote. ¡No sos ungido, sos un malparido!”, continuó, mientras Morales lo ignoraba y salía del lugar.

Su nombre es Roberto Rímola, pertenece a la agrupación La Batucada del Pueblo, que ha mostrado su descontento contra los gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales.

La grabación de Rímola explotó las redes sociales y sacudió el debate sobre su acción. Comentarios a favor del manifestante aprobaban que los señalamientos, quejas e insultos de las protestas públicas llegaran de frente al mandatario. Por otro lado, hubo quienes lamentaron las palabras soeces, pues indicaban que el jefe del Ejecutivo merecía respeto.

Pero, así como los otros videos virales que transitan efímeramente por las redes, este episodio se desvaneció días después. Aunque, para el presidente Morales, este suceso ameritó una sanción.

Fue el 28 de abril pasado cuando Roberto fue denunciado por injuria y difamación en el Ministerio Púbico (MP) por parte de Jimmy Morales Cabrera. Una acción que Mayra Véliz, en ese momento secretaria general del MP, aclaró que no procedía.

“Hemos analizado el video y no tenemos delito que perseguir, toda vez que en el Código Penal había un delito de desacato a los presidentes de los organismos del Estado, pero fue expulsado del ordenamiento penal por inconstitucionalidad planteada en 2005”, explicó la funcionaria al ser cuestionada por los medios sobre si iban a investigarlo de oficio.

Sin embargo, casi cuatro meses después de haber sido planteada la denuncia, el caso aún está en investigación en la Unidad de Decisión Temprana del MP bajo el número MP001-2018-37973.

Según Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, el artículo 108 del Código Procesal Penal establece que al ingresar la denuncia en el MP se tuvo que informar al agraviado, en este caso Jimmy Morales, a los 15 días hábiles de que el ente investigador debía inhibirse y remitir el expediente al tribunal determinado para que ahí se pueda dilucidar el caso como delito de acción privada (en donde no interviene el MP).

Sin embargo, por ser un funcionario público, el artículo 35 de la Ley de Emisión del Pensamiento estipula que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

“No hay ningún delito”, expone el abogado constitucionalista Alejandro Balsells. “El presidente está muy mal asesorado. Lo que esto representa es un ánimo represivo, él tendría que denunciar a los miles de guatemaltecos que salimos a las manifestaciones y le decimos lo mismo”, sentenció el experto.

El bufete detrás de la denuncia

Para apoyarse legalmente, Jimmy Morales contrató a un abogado del bufete Iurislex, dirigido por Luis Antonio Lam Padilla. Este profesional del Derecho fue contratado como asesor del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, el 13 de octubre de 2017 por Q50 mil 322.58, el 15 enero de este año por un monto de Q110 mil 322.58 y el 2 de julio por Q118 mil 709.68, según Guatecompras.

Lam Padilla ha salido a luz pública por su postura legal en la Cancillería contra la presencia del embajador sueco Anders Kompass y la estrategia del gobierno contra el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Al ser cuestionado, Lam indicó que el abogado que lleva el caso en el bufete contra Roberto Rímola se llama José Carlos Méndez, aunque este último no quiso dar declaraciones. Sobre la vinculación que tiene este hecho y su asesoría en la Cancillería, el abogado expresó que no había ningún conflicto de interés.

Además, mientras Vox Populi esperaba en la recepción de la oficina, ubicada en el edificio Géminis, ingresó el exvocero de la presidencia, Heinz Hiemann, quien llegó para obtener unos documentos del propio Lam Padilla.

Luis Lam Padilla (izquierda) durante la audiencia en la Corte de Constitucionalidad.

Intimidación

Vox Populi intentó conversar con Rímola para conocer su versión, pero sus allegados informaron que, por el momento, ha preferido no hablar sobre el tema.

De acuerdo con Pamela Saravia, de La Batucada del Pueblo, la organización apoya a su integrante denunciado y lo califica como un acto represivo e intimidatorio. “Está tratando de criminalizar la manifestación pública y los movimientos ciudadanos”, condenó Saravia.

Por otro lado, Gabriel Wer, de JusticiaYa, expresó que es preocupante que esa sea una prioridad del presidente. “Se puede discutir sobre la forma de manifestar, pero la reacción de Morales es desproporcionada. Desde agosto del año pasado el gobierno está enfocando todos sus esfuerzos en protegerse y callar cualquier crítica o investigación”, comentó el activista.

“Prácticamente es una persecución contra todo aquel que se expresa contra el gobierno. Habría que ver si se están utilizando recursos públicos para pagar estos apoyos legales”, cuestionó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana.