El pasado 26 de abril, el mandatario Alejandro Giammattei anunció que la contratación de personal y asesores en el Ejecutivo está suspendida para lograr una contención de gasto ante la emergencia provocada por el covid-19. Pero esta prohibición no aplica para sus cercanos, ya que el 11 de mayo, la Secretaría Privada contrató a Alba Lizeth González Cujantes, pareja sentimental de su asesor, Poll Anria, por Q16,500 mensuales.

Por Marvin Del Cid / Sonny Figueroa

“Se han girado las instrucciones que a partir del 1 de mayo quedarán congeladas todas las contrataciones del personal permanente en los renglones 011, 021, 022 y 031, al igual que las contrataciones de servicios 029 y subgrupo 18, de manera que ese bolsón que se maneja independientemente va a quedar congelado total y absolutamente para que podamos tener un ahorro en gastos de funcionamiento que supere los 600 millones de quetzales en lo que nos resta del año”, dijo el presidente en la cadena nacional del 26 de abril.

Giammattei puntualizó que estas medidas no aplicaban para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional y Ministerio de Agricultura.

Pese a esta prohibición, la Secretaría Privada de la Presidencia contrató a Alba Lizeth González Cujantes, pareja sentimental del amigo del mandatario, Poll Anria, por Q16,500 mensuales.


Alejandro Giammattei anunciando la prohibición para contratar personal y asesores en el Ejecutivo.

En el contrato firmado el 11 de mayo entre el Secretario Privado de la Presidencia, Giorgio Bruni, de 44 años, y Alba Lizeth González Cujantes, de 26 años, se establece que será contratada bajo el renglón 029 para brindar sus servicios técnicos individuales, ya que únicamente posee el título de secretaria y oficinista. Ella cobrará al mes Q16,500.

Según el documento sus funciones son: dar el apoyo técnico en el manejo de archivos, documentos y expedientes del presidente la República y de la Secretaría Privada de la Presidencia, así como también en la organización de reuniones con personal de los ministerios, secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo convocadas por el presidente o el despacho superior de la Secretaría.



Contratación rodeada de dudas

El pasado 28 de abril, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval fue citado por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para cuestionarlo sobre el trabajo que hacen los asesores del presidente Poll Anria y Kif Nava. Sandoval negó que estén contratados en el Ejecutivo y se limitó que eran amigos del mandatario.

En la reunión, el diputado Carlos Barreda cuestionó al encargado de la comunicación de la presidencia si Alba González trabaja en el Gobierno, a lo que respondió que sí y que lo hace en el despacho superior.

Diputado: ¿Conoce usted a Alba González?

Carlos Sandoval: Sí señor diputado

Diputado: ¿Qué participación tiene ella?

Carlos Sandoval: Ella está en el despacho presidencial

Diputado: ¿Tiene (ella) alguna relación con el señor Polla Anria?

Carlos Sandoval: Desconozco su vida personal

Diputado: ¿Lleva (ella) la agenda del presidente?

Carlos Sandoval: llevará algunas cosas, pero quien lleva la agenda es Alejandra Navas


Poll Anria y Alba González durante un coctel que hubo en el Palacio Nacional minutos después de que Alejandro Giammattei asumiera como presidente.

Durante los meses de marzo y abril, Alba Lizeth González Cujantes no apareció en las planillas de asesores de la Secretaría Privada de la Presidencia, a pesar que ya estaba trabajando como lo afirmó el Secretario de Comunicación Social, Carlos Sandoval.

Se le llamó y escribió a Giorgio Bruni, Secretario Privado de la Presidencia para cuestionarlo sobre la contratación de González Cujantes cuando existía prohibición y contención del gasto, pero al cierre de esta nota no respondió a la interrogante.

Información no entregada

El 20 de abril ingresamos una solicitud de acceso a la información pública a la Secretaría Privada de la Presidencia para pedir el listado de todos los asesores de esa oficina. El 5 de mayo 2020 nos envió la “respuesta” el señor Edwin José Guerra Bautista de la unidad de información pública de la Secretaría Privada.

“La única que cumplen las funciones de asesoría en la Secretaría Privada de la Presidencial es la licencia María Consuelo Ramírez Scaglia”, dice parte del documento. Agregan: “Adicionalmente se informa a la presente fecha no hay personas contratadas con actividades de asesoría en el renglón presupuestario 029, 022 y 031”.

Ante la duda que la información estuviera incompleta se planteó un recurso de revisión el 19 de mayo y en el cual se requirió que sean entregada la información solicitada el 20 de abril.

La Secretaría Privada envió la respuesta el 27 de mayo y de nuevo aseguran que la única asesora es la abogada María Consuelo Ramírez Scaglia. Esta vez el documento fue firmado por Luis Alfredo Coronado director recursos humanos de la Secretaria Privada.

En el recurso de revisión omiten incluir el nombre de Alba Lizeth González Cujantes, quien fue contratada desde el 11 mayo (pero además ya labora en esa oficina desde principios de año) en la Secretaria Privada de la Presidencia.

La respuesta al recurso de revisión fue firmada por Giorgio Bruni, secretario privado de la presidencia. Sin embargo, aquí hay una laguna legal porque si bien le solicitud original fue presentada el 20 de abril, el recurso de revisión fue planteado el 19 mayo y González Cujantes inició oficialmente a laborar el 11 de mayo.

El experto en temas de acceso a la información, Silvio Gramajo, indicó que existen varias dudas en cuanto a la aplicación de la fecha y cuáles son lo datos que se deben entregar.

Lilian Sierra de la Secretaría Ejecutiva de Acceso la Información (Secai) de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la solicitud entró en una fecha determinada y el recurso de revisión debe resolverse en base a la fecha que se hizo petición, aunque eso depende de la interpretación de los abogados

Sin embargo, debe quedar claro que ese listado de asesores es información pública de oficio y debe estar publicada. “Debe de existir voluntad para dar la información, pues es parte fundamental en la transparencia”, resaltó Sierra.



Esta nota se hizo en conjunto con Artículo 35.