María Consuelo Porras Argueta fue reelegida por el presidente Alejandro Giammattei para dirigir por cuatro años más el Ministerio Público. La designación de Porras Argueta se venía anunciando desde que evitó las investigaciones contra el mandatario, porque la Comisión de Postulación le otorgó la puntuación más alta y la Corte de Constitucionalidad ordenó incluirla en la nómina final.
Sonny Figueroa
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Artículos de Sonny Figueroa
En medio de una tarde gris y lluviosa Alejandro Giammattei reeligió el lunes 16 de mayo a Consuelo Porras como fiscal general para el periodo 2022-2026. Porras cumplirá su segundo ciclo al frente del Ministerio Público en medio de señalamientos de remoción de fiscales y denuncias contra jueces para evitar que avancen investigaciones contra el presidente y otros funcionarios.
“He tomado la decisión de nombrar a la actual fiscal general, María Consuelo Porras Argueta para ocupar el cargo para los próximos cuatro años”, dijo Giammattei en un acto realizado en el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura.
Tras este anuncio, que para los invitados especiales no fue una sorpresa, porque ya sabían la decisión, los aplausos para el mandatario no se hicieron esperar. Ministros y secretarios del Ejecutivo, diputados oficialistas y aliados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, así como alcaldes celebraron la decisión de Giammattei.
Antes de comenzar el acto, el equipo de protocolo de la Presidencia ubicó a Consuelo Porras en la primera fila. Le dieron instrucciones sobre el lugar en el que debía pararse al momento de ser juramentada y se tomará la fotografía oficial con Giammattei.
Tras su designación, Porras Argueta subió al escenario con un discurso preparado para hablar de sus primeros cuatro años y para atacar a sus críticos. Aseguró que el Ministerio Público es una institución que no tiene sesgo o ideología política, pero no habló sobre los fiscales destituidos y removidos para evitar que se investigue a Giammattei.
“Hoy, cuatro años después, puedo afirmar con gran satisfacción que hemos afianzado al Ministerio Público como una institución eminentemente técnica y jurídica; sin ningún tipo de sesgo o ideología política, estrictamente enfocado en el cumplimiento de su mandato legal y constitucional”, dijo tras su juramentación.
Al acto asistieron políticos involucrados en abusos de poder, como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés; el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, y el procurador general de la nación, Jorge Luis Donado, quien también participó para el cargo de fiscal general.
Las investigaciones que Consuelo Porras detuvo
El 23 de julio de 2021, Consuelo Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) luego de que empezara una investigación por un soborno que empresarios rusos habrían dado al presidente Giammattei a cambio de concesionar una fracción del puerto Santo Tomás de Castilla, ubicado en Izabal.
Según la denuncia, la entrega de este dinero se hizo en una alfombra roja en la casa del mandatario ubicada en Vista Hermosa I, zona 15 de la Ciudad de Guatemala. El testimonio de una persona que dijo estar presente en la entrega del dinero era el primer indicio, pero este caso no avanzó luego de que Sandoval fue removido.
“De acuerdo a las investigaciones que se estaban desarrollando, pudo haber recibido dádivas y recursos ilícitos para favorecer a determinados empresarios. Hay actividades ilícitas que deben ser investigadas y que la fiscal general tiene la intención de que de un carpetazo estas se archiven”, señaló Sandoval en una entrevista.
Esta acción para favorecer al presidente Alejandro Giammattei le trajo repercusiones a Porras Argueta. Dos meses después, el 20 de septiembre, Estados Unidos le retiró la visa y la incluyó en la lista de corruptos (Engel). Además, se suspendió la ayuda financiera que el gobierno estadounidense daba al Ministerio Público.
“En apoyo de las aspiraciones democráticas del pueblo guatemalteco, estamos nombrando a la fiscal general, Consuelo Porras de Guatemala y al secretario general, Ángel Pineda en la lista de actores corruptos”, anunció el secretario de Estado, Antony Blinken. En un comunicado de la embajada de Estados Unidos se agregó que “el patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales que ignoraran los casos y socavar las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval”.
Una publicación del medio salvadoreño el Faro reveló que entre la primera y segunda vuelta de la campaña electoral de 2019, Alejandro Giammattei pidió Q20 millones al entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
La investigación, publicada el 14 de febrero de 2022, señaló que ese dinero se le pidió al entonces ministro con la promesa de que continuaría en el cargo durante la administración de Alejandro Giammattei. Los millones saldrían de constructores a quienes también se les daría contratos durante la presidencia de Giammattei.
En esa reunión estuvo Giorgio Bruni, quien era secretario general del partido VAMOS y después fue secretario privado del presidente; el actual ministro de Desarrollo, Raúl Romero y el exjefe de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, Miguel Martínez.
Esa información se supo por una persona que testificó ante la entonces jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, en la investigación en contra del exministro José Luis Benito por los Q 122 millones localizados en una casa en Antigua Guatemala vinculada a Benito.
Antes de que se publicara la investigación por elFaro, Consuelo Porras, en su calidad de fiscal general, había requerido a la jueza Aifán una copia del relato del “Testigo A” que contó la petición que hizo Giammattei a José Luis Benito; sin embargo, la juzgadora rechazó la solicitud de la jefa del Ministerio Público.
Tras esto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, ya dirigida por Rafael Curruchiche, presentó una solicitud de retiro de inmunidad en contra de la titular del Juzgado de Mayor Riesgo D. Tras el constante ataque del Ministerio Público liderado por Consuelo Porras, Erika Aifán renunció y se encuentra asilada en Estados Unidos.
Durante el 2020 y 2021, Vox Populi publicó una serie de investigaciones que reveló corrupción y abusos de poder en la gestión de Alejandro Giammattei. El 26 de noviembre de 2020, se dio a conocer que el Ministerio de Comunicaciones construyó una carretera que comunica los municipios de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, con Palín, Escuintla.
Con la carretera de Q58.9 millones se benefició a la finca El Nacimiento, del presidente Alejandro Giammattei. El terreno de 120 hectáreas tiene un precio en el mercado de unos Q20 millones y se desconoce la manera en la que el mandatario la adquirió.
La construcción de la carretera empezó a ser investigada por la Fiscalía Contra la Corrupción, a cargo de Stuardo Campo. A los meses el fiscal fue trasladado a la Fiscalía Contra Tráfico de Migrantes por orden de la fiscal Porras.
Los favores de la postuladora y la CC
El 21 de febrero de 2022, Consuelo Porras presentó su expediente para reelegirse como fiscal general, a pesar del rechazo de la población y las sanciones de Estados Unidos por apoyar la corrupción en Guatemala.
Durante el proceso de calificación, la Comisión de Postulación otorgó 90 puntos, de 100 posibles, a Porras Argueta por su “experiencia académica, laboral y proyección humana”. Ella fue la candidata que obtuvo la calificación más alta; sin embargo, tras diez rondas de votación no fue incluida en la nómina de seis candidatos que sería enviada al presidente.
El 23 de abril, la Corte de Constitucionalidad le ordenó a la Comisión de Postulación incluir al candidato o candidata que tiene mayor puntaje, en este caso: Consuelo Porras.
Tras la resolución, los integrantes de la postuladora integraron a Porras Argueta en la nómina final que fue enviada a Giammattei.
Tras recibir el listado, el mandatario entrevistó en dos ocasiones a los seis candidatos para escuchar sus planes de trabajo, pero la decisión ya estaba tomada, Consuelo Porras seguirá dirigiendo el Ministerio Público durante cuatro años.
