El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá determinó que Ronal Rivera Rodríguez integró una organización criminal al interior del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para torturar psicológicamente a la periodista. Se trata del cuarto exfuncionario condenado en su caso y el primero en ser vencido en juicio.


Este texto fue tomado del medio colombiano Cuestión Pública


Al exdetective Ronal Rivera ya nadie lo buscaba por este crimen. Desde el 30 de mayo de 2023, el Juzgado 10º Penal Especializado de Bogotá lo había absuelto por los cargos de tortura agravada contra Duque. La jueza Martha Cecilia Artunduaga Guaraca argumentó su decisión en que “había dudas de que miembros de ese grupo cometieran la tortura, pues la sala de interceptaciones del DAS —descrita como policía secreta encargada de aniquilar a la oposición del Gobierno de Álvaro Uribe por el Tribunal Superior—no estaba destinada para hacer llamadas telefónicas y sus agentes realizaban trabajos de escritorio”. 

Dos semanas después, la periodista apeló la decisión en un acto que no fue acompañado ni por la Procuraduría ni la Fiscalía, sino únicamente por su abogado. Y a vuelta de cuatro meses, la contestación llegó en forma de sentencia de 68 páginas en la que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá le dio la razón. 

Contrario a lo determinado por el Juzgado 10º penal, esta última entidad encontró evidencias suficientes de que la periodista fue sometida a tortura psicológica, persecuciones e interceptaciones ilegales por parte de Ronal Rivera desde el 4 de marzo de 2003 al 18 de diciembre de 2004 cuando este trabajaba para la Dirección General de Inteligencia en diferentes asignaciones, como el Grupo de Asuntos Especiales (GAES) y el Grupo Especial de Inteligencia (G-3 o GEI-3) del DAS. Ambas salas sirvieron para el perfilamiento y persecución de opositores, periodistas, magistrados, líderes y defensores de derechos humanos críticos del entonces presidente Álvaro Uribe. 

Por ello, el Tribunal condenó al exfuncionario a 12 años de prisión, al pago de una multa al Estado por $1.740 millones de pesos, y más $126.235.400 por concepto de daños morales a ella. Además, ordenó la captura inmediata de Rivera, quien trabaja como funcionario en la Regional Andina de Migración Colombia, sede Bogotá. Sin embargo, pese a que su detención se coordinó quirúrgicamente para anticipar cualquier posible fuga, Ronal todavía no ha sido ubicado por las autoridades.

El Tribunal concluyó que el objetivo de la persecución contra la periodista era hacerla desistir de continuar investigando el asesinato de Jaime Garzón y la participación de agentes del DAS en la desviación del proceso judicial abierto luego del homicidio. En ese camino, Duque había establecido la existencia de un montaje entre esta primera agencia y la Fiscalía para desviar y desvirtuar, a través de testigos falsos y pruebas inconsistentes, la participación de funcionarios del Estado en el crimen del humorista.

Una de las pruebas clave para el Tribunal fue que Jaime Fernando Ovalle Olaz, entonces director del GEI-3, le dio la orden a Ronal Rivera de seguir e investigar a Claudia Julieta. El G-3 además persiguió a los integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, del que hacía parte la periodista. 

“Esta sentencia me conmociona de una forma profunda, es una reivindicación muy importante de mi verdad, es ahora la verdad judicial contra otro sindicado, quizá el autor material más importante en la ejecución de la tortura” dijo Claudia Julieta Duque.

El fallo también detalló el carácter de las agresiones sufridas por parte de la periodista y su familia a manos de agentes del DAS, que para los magistrados tuvieron un componente de agresión sexual manifiesto en las amenazas, ya que “en múltiples oportunidades amenazaron con ejercer violencia de índole sexual en contra de Claudia Julieta y su hija de entre 7 y 9 años para la época de los ataques”, que coinciden con el periodo en que Rivera estuvo en el GEI-3. 

Extracto de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 20 de noviembre de 2023 en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque.

“Esta sentencia me conmociona de una forma profunda, es una reivindicación muy importante de mi verdad, es ahora la verdad judicial contra otro sindicado, quizá el autor material más importante en la ejecución de la tortura. Esta sentencia es reparadora profundamente y pone fin a la revictimización que he sufrido en el marco del proceso judicial en el caso de Ronal Rivera, aunque hay otros casos abiertos en los que sigo sometida a burlas y a muchos maltratos”, le dijo Claudia Julieta Duque a Cuestión Pública. 

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que ha acompañado el caso de la periodista desde hace más de una década, celebró esta decisión. “Es un avance importante para superar la impunidad en el caso. Quedan en evidencia los graves errores que cometió la juez de primera instancia, pues omitió de manera descarada la valoración en conjunto de las pruebas aportadas en el juicio”, dijo a este medio la FLIP. 

Un agresor amparado 

Por más de una década, el victimario, un orondo exagente del DAS que luego de la liquidación de esa entidad pasó a formar parte de Migración Colombia, vio cómo sus cuentas con la justicia quedaban resueltas a pesar de las pruebas que pesaban en su contra. 

En 2013, la Fiscalía, entidad que en el pasado coludió con el DAS para encubrir el crimen de Garzón según investigó Claudia Julieta Duque, lo vinculó a la investigación por tortura agravada contra la periodista. Esto derivó en su captura el 24 de noviembre de 2014, en el llamamiento a juicio en el 2015, y en un breve tiempo tras las rejas por estos hechos. 

Sin embargo, el 18 de julio de 2018, el juzgado 2º Penal Especializado de Bogotá lo dejó en libertad por vencimiento de términos. Pese a que los alegatos finales para dictar sentencia tuvieron lugar en noviembre de 2017, el caso estuvo paralizado hasta cuando el pasado 30 de mayo la juez del caso absolvió a Rivera de todos los cargos. Pero este 20 de noviembre el Tribunal Superior reversó el fallo de primera instancia y emitió condena contra el exdetective.

Ronal Rivera exagente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad.

Ronal Rivera es el primer exagente del Estado en ser vencido en un juicio en el caso de la periodista Duque, que tuvo que esperar seis años para ver justicia. Otros exfuncionarios del DAS condenados por estos hechos contra ella son Carlos Alberto Arzayúz Guerrero, exdirector de Inteligencia; Jorge Armando Rubiano Jiménez, exsubdirector de Desarrollo Tecnológico; y Hugo Daney Ortiz, exsubdirector de Operaciones de Inteligencia, quienes aceptaron cargos por tortura y fueron condenados entre 2014 y 2015.

José Miguel Narváez, entonces subdirector del DAS y condenado en 2018 a 30 años de prisión por el asesinato de Jaime Garzón -pena que fue reducida a 26 años por el Tribunal Superior, la cual fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2021- continúa en juicio por estos hechos en el caso de Duque. Aunque se sometió a la JEP fue expulsado el año pasado. La periodista le djo a este medio que el próximo 27 de noviembre espera “dar por terminada la etapa probatoria. 

Los alegatos de conclusión del caso Narváez serán en febrero de 2024, pero existe el riesgo de prescripción porque su proceso no fue declarado como de lesa humanidad y hay una norma que indica que ningún juicio debe durar más de 10 años”. 

A la izquierda, la definición que trazó el Tribunal Superior de Bogotá sobre el ya desaparecido DAS. A la derecha, el cuestionamiento al argumento principal del Juzgado 10º Penal para absolver a Ronal Rivera.

Las burlas y vejámenes de las que Duque hablaba se han materializado en el juicio de Narváez: “en ese proceso se me ha maltratado horrible, he sido puesta al mismo nivel del acusado. El abogado que es un defensor público y, por lo tanto, funcionario del Estado, dice aún que yo soy una «presunta» víctima. Además, la juez me pone a hablar al lado del acusado y no al lado de mi abogada y de la Fiscalía”.

Justicia a cuenta gotas 

La sentencia, además de condenatoria, explicó que el ataque contra la periodista y su familia se trató de un caso de tortura “sistematizado y generalizado” que constituye un crimen de lesa humanidad. 

“La decisión deja en evidencia la existencia de un plan claro de violencia sistemática contra la prensa, que involucraba a altos funcionarios del DAS”, señaló Ángela Caro, coordinadora legal de la FLIP a Cuestión Pública, que agregó además que “es importante considerando el grave estado de impunidad en el que se mantienen los casos de violencia a periodistas que involucran actividades de seguimiento y vigilancia haciendo uso de actividades de inteligencia estatal, los cuales en su mayoría no llegan ni siquiera a una etapa de juicio”.

“La decisión deja en evidencia la existencia de un plan claro de violencia sistemática contra la prensa, que involucraba a altos funcionarios del DAS” dijo Ángela Caro, coordinadora legal  de la FLIP.

El fallo llega tras 20 años de los hechos y solo uno después de que el Estado colombiano fuera condenado por las torturas psicológicas, persecuciones y exilios a los que fue sometida Claudia Julieta Duque y su familia por agentes del DAS entre 2001 y 2010. 

El Consejo de Estado señaló que a través de múltiples testimonios y pruebas se encontró que el DAS utilizó medios de comunicación y dotación oficial para perseguir a la periodista como resultado de sus pesquisas para esclarecer el homicidio de Garzón. Y señaló que las medidas de protección adoptadas entonces por el Ministerio del Interior y la Fiscalía fueron insuficientes. 

Duque señaló que ha sido “hasta ahora la más importante a nivel nacional en la lucha por la verdad y justicia en mi caso”. Sin embargo, se trató de una agridulce, pues ese tribunal supremo cerró las acciones administrativas contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía General por la desprotección y la falta de investigación de estas últimas entidades en su caso. 

La periodista encontró que los agentes que el Estado le dio para protegerla después de que empezó a recibir las amenazas, estaban espiándola y entregando su información al DAS. Sin garantías por parte del Estado, tuvo que exiliarse en tres oportunidades entre 2001 y 2008 junto a su hija, entonces menor de edad. 

“Es una sentencia que me dignifica profundamente, que reconoce el impacto de todo lo que me sucedió, porque valora de forma contundente la importancia de todo el material recaudado por la Fiscalía y que la sentencia de primera instancia no reconoció en forma descarada”, concluyó en lágrimas Duque.

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