La Sala Tercera de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia salvó a un exfuncionario y a once personas más de un juicio penal que enfrentarían por un desfalco millonario en Salud Pública. El abogado que contrató el sindicato desapareció junto con el dinero que ganó para modificar un pacto colectivo.
Sonny Figueroa
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Artículos de Sonny Figueroa
Abuso de autoridad, casos especiales de estafa, peculado y lavado de dinero, son los delitos de los que acusó el Ministerio Público (MP) al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, al abogado César Landelino Franco López, prófugo, y a los once trabajadores, capturados, de esa cartera implicados en el desfalco millonario.
Sin embargo, en octubre pasado, la defensa de los acusados logró conseguir que la Sala Tercera de Apelaciones, integrada por Jaime González, Beyla Estrada de Brito (esposa del Secretario de Comunicación Social de la Presidencia) y Zonia de la Paz Santizo, retirara el caso de un juzgado penal y lo trasladara para un juzgado de trabajo y previsión social donde los delitos serían menores. El MP apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Aunque el caso salió a luz pública en enero de este año, todo comenzó en 2013 en un salón del Ministerio en una reunión que pretendía mejorar los beneficios para los empleados.
¿Cómo se firmó el pacto colectivo?
El 21 de agosto del 2013, autoridades del Ministerio y representantes del Sindicato firmaron el pacto colectivo, documento elaborado por el abogado Cesar Landelino Franco López. El acuerdo conseguiría “bono de antigüedad real” para los trabajadores, incentivo adicional de Q700, otro bono por Q3 mil, entre otros beneficios.
Además, el mismo convenio indicaba que el 10 por ciento de la suma total para pagar el bono de antigüedad a todos los empleados le correspondería a Franco López, del cual, y al final, el siete por ciento lo pagó la institución y el tres por ciento restante los trabajadores y afiliados al sindicato.
El pacto fue firmado por el entonces ministro, Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez; el director general de Recursos Humanos, Jorge Luis Pérez Ramírez; el coordinador de asesoría jurídica del ministerio, Leonel Batres Gálvez; el jefe del departamento de desarrollo de servicios de salud, Edgar Encarnación Lara Caballeros; el supervisor de hospitales, Carlos Guillermo Quijada Sandoval; la gerente general de administrativo financiero, Edna Carolina Prera Guinther; la asesora jurídica del ministerio, Susy Verónica Ríos Morales y el jefe de administración de Recursos Humanos, Byron Francisco Ponce Molina.
Por el Sindicato firmó Luis Alberto Lara Ballina (quien murió en 2016 por un cáncer en el hígado), entonces secretario general; Luis Arturo Alpirez Guzmán, secretario de trabajo y conflictos, Dora Regina Ruano Saldaña (viuda de Lara Ballina), secretaria de organización y el abogado Cesar Landelino Franco López.
Luego de aprobarse, la cartera de salud trasladó el pacto al Ministerio de Trabajo para su homologación. Este documento fue aprobado el 12 de septiembre de ese año. Desde que se aprobó y se homologó el pacto, transcurrieron 22 días.
En 2014, cuando ya se había firmado el pacto colectivo, el Ministerio de Salud no contaba con recursos financieros para pagarle a Franco López, el exministro Villavicencio decidió usar recursos del Hospital General San Juan de Dios y Hospital Roosevelt.
El fiscal contra la corrupción, Stuardo Ernesto Campo Aguilar, quien hizo la investigación, dijo que los recursos utilizados estaban asignados para la compra de medicamentos, insumos médicos y equipamiento, por lo cual se atentó contra los intereses de las personas.
Los cheques y el cobro del servicio
Landelino Franco no recibió los Q14 millones exactos, tuvo que pagar impuestos y en su cuenta bancaria ingresaron Q12.7 millones, que fueron cancelados en dos pagos, tras entregar dos facturas al ministerio por Q7 millones cada una.
Entre el 21 de febrero al 30 de septiembre del 2014, Cesar Landelino giró cientos de cheques por debajo de los USS10 mil, para evitar que las transacciones fueran detectadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB).
Los cheques tenían los nombres de tres personas: Javier Eduardo Méndez Franco (su sobrino), Rolando Eberto Caicinos Barrios y José Gabriel Sepúlveda López, ambos sus trabajadores. La suma de esos cheques fue de Q5.7 millones.
El fiscal Campo Aguilar, explicó que, la emisión de cheques y el cobro de estos, se hizo con el propósito de no dejar rastro del dinero recibido y que son actividades encuadradas en la Ley contra el lavado de dinero u otros activos.
“Se emitieron varios cheques por montos inferiores a los US$10 mil, es decir, por Q40 mil, Q50 mil hasta Q 60 mil quetzales, el mismo día y a nombre de una misma persona. Esta persona en lugar de asistir a una sola agencia bancaria a presentar los cheques y cobrarlos, cobraba uno en una determinada agencia, después iba a una agencia ubicada en otra zona o en algún centro comercial”, explicó el fiscal Campo.
Durante esos seis meses (21 de febrero – 30 de septiembre), Javier Eduardo Méndez Franco cambió 42 cheques por una suma total de Q1.3 millones y Rolando Eberto Caicinos Barrios cambió 111 cheques por una suma total de Q2.9 millones.
En el caso de José Gabriel Sepúlveda López la fiscalía no informó la cantidad de cheques que cambió porque aún está pendiente de aprehensión y porque el caso se encuentra bajo reserva. La información es que cambió alrededor de Q1.4 millones.
El 18 de enero del presente año, fue revelado el caso y los ex funcionarios del Ministerio de Salud fueron ligados por los delitos de abuso de autoridades, al igual que los integrantes del sindicato. El exministro de salud, Jorge Villavicencio fue ligado a proceso por abuso de autoridad y peculado por sustracción en formada de delito continuado.
Mientras que, Rolando Eberto Caicinos Barrios y Javier Eduardo Méndez Franco, quienes ayudaron a Franco López a perder el rastro del dinero quedaron ligados por el delito de lavado de dinero u otros activos, José Gabriel Sepúlveda López también tiene una orden de captura. La exviceministra de trabajo Elsa Marina Avalos Lepe está prófuga y es requerida por el delito de abuso de autoridad. Todos los implicados fueron beneficiados con una medida sustitutiva.
Monterroso: eran Q24 millones para Franco López
Luis Enrique Monterroso De León, exministro de Salud después de la destitución de Villavicencio, explicó a Vox Populi que cuando asumió el cargo, Franco López acompañado de Luis Lara y Regina Ruano exigieron el desembolso de cerca de un poco más de Q6.4 millones, que era la parte que les correspondía a los sindicalistas pagarle al abogado Cesar Landelino. Ese porcentaje se encuentra establecido en el artículo 51.
El entonces ministro autorizó dicha transacción y de esa cuenta, el 29 de mayo del 2015, se registró una operación financiera en donde el Ministerio de Finanzas Públicas trasladó Q6.4 millones a la cuenta del Sindicato para el pago de honorarios al abogado.
“Casi Q7 millones de quetzales metidos a una cuenta de líderes sindicales. La primera suspicacia que provocaba era que ellos se iban a repartir el dinero. Habría que verificar en qué se gastaron esos millones de quetzales o si en verdad se pagaron al abogado”, dijo Monterroso De León, explicando que esa fue la denuncia que presentó ante el MP el 26 de junio de ese año.
Al consultar al fiscal Stuardo Campo sobre los Q6.4 millones que se trasladaron a la cuenta del sindicato para el supuesto pago al abogado Franco López, respondió que al ser un pago que se encuentra en lo legal, esa suma no forma parte de la investigación.
Diputado, Exministro PGN y CGC denuncian anomalías
La primera denuncia contra el pacto fue presentada por el diputado, Roberto Ricardo Villate Villatoro el 7 de junio de 2014, la segunda por la Contraloría General de Cuenta (CGC) el 20 de abril de 2015; y la tercera llegó dos meses después por el exministro de Salud, Luis Enrique Monterroso. La última denuncia fue presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) el 6 de enero del 2016.
Tras una investigación realizada por la fiscalía contra la corrupción se solicitaron ordenes de captura al Juzgado Quinto del Ramo Penal contra todos los que participaron en la aprobación del pacto colectivo. Franco López sigue prófugo.
Stuardo Campo, explicó que el pago que se hizo al abogado es ilegal porque no prestó un servicio al Ministerio, sino fue al sindicato.
En 2017, el abogado Julio Roberto Saavedra Pinetta, representó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en un juicio laboral, donde solicitó la nulidad de algunos artículos del pacto colectivo del ministerio de Salud, entre ellos el artículo 51.
“En el artículo 51 de dicho pacto se señala que el Estado queda obligado a pagar los gastos del abogado que asesoró al sindicato ¿Cuál fue el servicio que este abogado le prestó al Estado de Guatemala?, la respuesta es ninguno. El abogado le prestó el servicio al sindicato y no debe pagarlo el ministerio”, explicó Saavedra Pinetta.
Durante el proceso de nulidad del pacto colectivo, que aun continua, la PGN expuso que dicho documento se avaló sin tener los dictámenes financieros del ministerio de Finanzas Públicas. En ese entonces, se expuso que el pacto colectivo de salud representaba un costo anual de Q2 mil 156 millones.
Sindicato se niega a dar su postura
Vox Populi se comunicó con Luis Alpirez Guzmán, secretario general del SNTSG para conocer como fue la relación entre el sindicato y Cesar Landelino Franco López, pero al momento de abordarlo se negó a dar una entrevista aduciendo que su abogado le recomendó no hablar sobre el tema con los medios de comunicación porque se encuentra ligado a proceso por el delito de abuso de autoridad.
“Siempre he sido abierto con la prensa, cuando ustedes (los periodistas) me piden declaraciones siempre se las doy, pero en este caso no. Mi abogado me recomendó que no debo hablar sobre el tema porque se encuentra el caso abierto y eso puede perjudicarme”, se limitó a responder Alpirez al ser consultado.
¿Quién es Cesar Landelino Franco López?
Cesar Landelino Franco López se graduó como abogado y notario de la Universidad de San Carlos en 1993, especialista en derecho laboral, y con una maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la universidad de La Habana, Cuba; maestría en Relaciones Laborales y Dialogo Social de la universidad Castilla La Mancha, España y un doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derecho Humanos de la universidad de San Carlos.
Además de asesorar al sindicato del ministerio de Salud, fue asesor de diferentes sindicatos como: el sindicato de trabajadores de la Cervecería Centroamericana, sindicato de trabajadores de la Portuaria Quetzal, sindicato de trabajadores del Organismo Judicial, sindicato de trabajadores del Crédito Hipotecario Nacional y sindicato de trabajadores de la Dirección General de Migración.
Ante de la orden de captura en su contra, Landelino Franco era catedrático de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos y coordinador de la maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y del doctorado en Derecho del Trabajo, Derechos Humanos y Previsión Social. Por ostentar esos cargos devengaba mensualmente Q20,712, según los registros de la Unidad de Acceso a la Información de la Universidad de San Carlos. El último pago registrado fue en noviembre del 2018.
Abogados que fueron estudiantes de Franco López señalan que era un excelente catedrático, pero se ausentaba constantemente y mandaba a su asistente a impartir cursos. También explican que evitaban tener algún contacto, con el ahora prófugo, fuera del horario de clases porque humillaba a los estudiantes que no comprendían algún tema.
Un abogado, quien coincidió con Franco López en una audiencia por un tema laboral, dijo a Vox Populi que “como abogado litigante es bueno, pero como persona es maleducado, abusivo y prepotente”. Este mismo abogado explicó que evitó estudiar la maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de San Carlos porque tenía una enemistad con Franco López. “Él tenía control en la universidad”, puntualizó.
