Por Ericka Ramos
Ha transcurrido ya una semana de campaña política para las Elecciones Generales 2019. La información que hemos recibido se ha limitado en gran medida a rotulación y pancartas con rostros, y las promesas de campaña se han visto opacadas por la información jurídica de los procesos de algunos candidatos, situación que no ha permitido que los discursos se centren en lo que algunos guatemaltecos quisieran escuchar.
He tenido oportunidad de ver por medio de redes sociales y foros, a algunos candidatos a presidentes, alcaldes, y diputados, y llama la atención que muchos están enfocados en comunicar lo que saben, en justificar que la administración pública en este caso, si debiera ser para los que saben, y en temas específicos en los que algunos sectores tienen interés de impulsar.
En estos primeros días de campaña se han quedado de lado las propuestas concretas del abordaje de los temas relacionados al desarrollo y al combate contra la pobreza.
Seguimos en la dinámica de dos comportamientos que han caracterizado los últimos años de la vida política del país; el primero, la polarización entre sectores que ahora ya toman partido; y la segunda, los recursos legales que han tendido a confundirnos y en muchas maneras a generar incertidumbre del proceso electoral.
Sin embargo, el debate y la propuesta como en procesos anteriores ha pasado a otros planos. Hemos estado atentos a la lucha contra la corrupción, a conocer quién está a favor o en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a cuestiones tan tribales como los famosos “memes” pero continuamos dejando de lado los aspectos que nos siguen sumiendo en el subdesarrollo y el hambre.
El Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2016, indica que, la región redujo de 42 % a 24 % la pobreza medida por ingresos, salvo Guatemala, que aumentó un 7 % la cantidad de personas en condición de pobreza, lo que significa que 3 millones de personas viven en esta condición.
Por otro lado, La Encuesta de Condiciones de Vida que realiza el Instituto Nacional de Estadística, indica que para el 2014 el 59.3 % de la población se encontraba en situación de pobreza, el 23.4 % en pobreza extrema; y el 35.9 en no extrema, esto quiere decir que los primeros, no cuentan con los recursos para cubrir ni siquiera los alimentos para los requerimientos nutricionales mínimos, y únicamente el 40.7 % de la población vive en situación de no pobreza.
Las cifras siguen siendo alarmantes, y considerando que se estima que 6.5 millones de guatemaltecos están ocupados, y que el 70 % de estos, en el sector informal, y que, según los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos (ENEI) 1-2017, la tasa de desempleo abierto alcanzó a nivel nacional, un 3.24 %, mayor a la registrado en la ENEI 2014, el panorama deja de ser alentar.
No hemos encontrado aún ofertas electorales serias, y en caso, existan propuestas “planes de trabajo” que consideren mejorar la dinámica económica del país, es casi seguro, que por seria que pueda parecer una oferta, poco podría cambiar estos escenarios tan desalentadores.
Las oportunidades de conseguir los ingresos que los guatemaltecos necesitan, no se pueden transformar con un cambio de gobierno, y que, mientras la administración pública siga con esta parálisis ejecutiva, a lo más que podríamos aspirar es a iniciar algunos procesos de transformación que poco podrán impactar en cambiar estos escenarios tan lamentables de más guatemaltecos con hambre.
