Ranulfo Rafael Rojas Cetina, ahora magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibió Q1.2 millones de indemnización por parte del Organismo Judicial por haber ocupado el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Sala de Apelaciones durante diez años. En ambas instituciones el salario recibido supera los Q50 mil y otros beneficios como vehículos y seguridad.
Sonny Figueroa
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Artículos de Sonny Figueroa
Según un documento de la Gerencia Financiera del Organismo Judicial (OJ), Rojas Cetina recibió una indemnización de Q1 millón 215 mil 045 por el tiempo que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Este pago también incluye el tiempo que fungió como magistrado de Sala de Apelaciones (2009 – 2014)
El Pacto de Colectivo del OJ reconoce la indemnización universal. El artículo 44 señala que “en caso de renuncia del funcionario o trabajador el Organismo le pagará una indemnización por tiempo de servicio” y que “se equipara a la indemnización por renuncia, el vencimiento del periodo constitucional para el cual fueron electo los magistrados”.
Luego de dejar el Organismo Judicial, Rojas Cetina fue designado por el Congreso de la República como magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en medio de una polémica designación, ya que fue realizada a puerta cerrada y no se permitió el ingreso a periodistas.
Rojas Cetina, quien al momento de ser electo todavía era magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue uno de los que favoreció al diputado del partido Todos, Felipe Alejos, al evitar que se le quite la inmunidad y ser investigado por varios delitos.
En el TSE también figura Blanca Alfaro, excandidata vicepresidencial por el partido Prosperidad Ciudadana; Gabriel Aguilera, ex Ministro de Trabajo de Jimmy Morales y Mynor Franco Flores, cercano a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), incluso, fue pieza clave para que Sandra Torres siga como Secretaria General de esa agrupación política.
Como magistrado de la CSJ, Rojas Cetina devengaba un salario superior a los Q54 mil mensuales, que incluye un bono de representación Q13 mil 500, mientras que, en el TSE recibirá Q50 mil mensuales. Ambos puestos tienen una serie de beneficios como seguro médico, celular, vehículo y seguridad.
Un reportaje de Nuestro Diario reveló que Vladimir Osman Aguilar Guerra y Douglas René Charchal Ramos, exmagistrados vinculados en el caso penal llamado TCQ, se llevaron Q1.1 millones en indemnización. Aguilar Guerra recibió Q293,814.70 y Charchal Ramos obtuvo Q847,404.65 (incluye su período como magistrado de Sala de Apelaciones del 2009 al 2014).
Ambos fueron señalados por el Ministerio Público y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en un caso de corrupción que involucra el contrato de usufructo oneroso firmado entre el Estado y la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TPQ), que posteriormente fue declarado nulo porque afecta los intereses del país.
CC avaló indemnizaciones en 2004
En mayo, No-Ficción publicó la investigación titulada Las millonarias indemnizaciones en el sector justicia que explica que durante el 2009 al 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC), Organismo Judicial (OJ), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Ministerio Público (MP) pagó Q14.7 millones en indemnización a las personas que dejaron los puestos para los que fueron nombrados.
La investigación revela que el 12 de febrero de 2004, el abogado Guillermo Porras Ovalle (magistrado suplente de la CSJ en 1992-1993) presentó una inconstitucionalidad en contra del decreto 56-2003 aprobado por el Congreso en 2003 que prohibía las indemnizaciones para el presidente y vicepresidente la República, diputados del Congreso y todo funcionario nombrado por estas personas o poder del Estado.
El argumento de Porras Ovalle para presentar la inconstitucionalidad fue que el Organismo Judicial tenía firmado un Pacto Colectivo que avalaba las indemnizaciones para los magistrados de la CSJ, argumento que fue considerado por los magistrados de la CC de aquel entonces y dejaron sin validez el decreto 56-2003, dándole vía libre las indemnizaciones millonarias para los altos funcionarios del sector justicia.
