En octubre de 2024 el jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Klayber Bladimiro Sical Jiménez compró una casa de tres niveles al Banco de Desarrollo Rural (Banrural) por Q1.2 millones. El fiscal pagó Q240 mil al contado y adquirió un crédito de Q960 mil.
Esta propiedad fue despojada por el banco a una familia a través de un proceso hipotecario plagado de irregularidades de acuerdo con documentos en poder de Vox Populi. De igual manera se visitó el condominio para fotografiar la nueva propiedad del Sical Jiménez.
En el sistema judicial hay acciones pendientes de resolverse con las que estas personas buscan recuperar su vivienda, pero sorpresivamente Banrural la remató a uno de los fiscales más cercanos a la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
Sical Jiménez denunció ante la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Usurpación a la familia que vivía en esa casa desde hace 12 años y para ello utilizó a su amigo y mandatario Brennen Everardo De León Medina, otro exfiscal del MP.
Por tratarse de un personaje cercano a Consuelo Porras, la fiscalía actuó de inmediato y a través del Juzgado Séptimo Penal a cargo de Fredy Raúl Orellana Letona pidieron la orden de desalojo en la que participaron más de 20 agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC).
Klayber Bladimiro Sical Jiménez es quien desde la Fiscalía Contra el Crimen Organizado ha criminalizado a líderes indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán por protestar y bloquear carreteras en octubre de 2023 para pedir la renuncia de la fiscal general y del juez Orellana.
Vox Populi buscó a Sical Jiménez en el quinto nivel del edifico central del Ministerio Público para cuestionarlo sobre el «rápido» actuar del Ministerio Público en su caso. Se excusó diciendo que estaba recibiendo un curso en línea y que no podía responder a las preguntas.
Sonny Figueroa
sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
Artículos de Sonny Figueroa
Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
Artículos de Marvin Del Cid
Klayber Bladimiro Sical Jiménez tiene más de 15 años de estar en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en donde ha ocupado varios cargos. Uno de sus jefes fue el cuestionado fiscal, Ronny Elías López Jérez, condenado por un caso de corrupción.
En 2014 y 2015 fue fiscal de sección adjunto (segundo al mando). En 2018 regresó a ocupar esa posición con la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público quien el 31 de agosto de 2022 lo ascendió a encargado de dicha fiscalía.
Sical Jiménez se ha vuelto uno de los consentidos de Consuelo Porras. Fuentes del MP confirmaron a Vox Populi que constantemente lo ven ingresar al despacho de la fiscal general.
Su nombre fue tendencia en redes sociales porque lidera la investigación contra líderes indígenas que se manifestaron en octubre de 2023 en defensa de los resultados electorales en los que ganó la presidencia Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y que buscaba ser impugnados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a cargo de Rafael Curruchiche.
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado señaló de terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia a los exintegrantes de los 48 Cantones de Totonicapán Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Manuel Chaclán Batz.
El pasado 25 de abril, Pacheco Gutiérrez y Chaclán Batz fueron ligados a proceso por terrorismo y obstaculización a la acción penal. Ambos fueron enviados al preventivo para varones de la zona 18 por la jueza de turno, Carol Patricia Flores.
Klayber Bladimiro Sical Jiménez ha sido un fiscal cercano a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. (Fotografía: Vox Populi)
La compra
El 30 de octubre de 2024, Klayber Bladimiro Sical Jiménez adquirió la casa ubicada en el Condominio Peñon de San Ángel, zona 2 de la Ciudad de Guatemala que estaba a nombre del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) por un monto de Q1.2 millones, luego de ser hipotecada por la familia que era su propietaria.
Es un inmueble de tres niveles, tres habitaciones, dos salas y parqueo interior para dos vehículos se cotizan en el mercado, incluso, a más de Q2 millones, pero en este caso fue adquirida por casi la mitad.
La escritura de la compra-venta la hizo el abogado y notario Brennen Everardo De León Medina y por la institución financiera firmó Saublo Gamaliel Monterroso López, gerente de recuperación de cartera y representante legal. En este tipo de casos la parte que vende es quien contrata al notario para elaborar los documentos del transpaso de la propiedad.
Sical Jiménez dio un enganche Q240 mil en efectivo y obtuvo un crédito en la misma institución por Q960 mil a un plazo de 240 meses. Así mismo pagó al contado Q32 mil a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de impuesto por la compra de la propiedad.
En la escritura pública se establece que Banrural “no tiene posesión del inmueble porque actualmente la propiedad posee dos acciones de amparo, o curso de hecho y una enmienda del procedimiento, por lo que deberá continuar el procedimiento pertinente para el desalojo de los ocupantes”.
Desde el 17 de diciembre de 2024, el fiscal Contra el Crimen Organizado aparece en el Registro de la Propiedad como dueño de la vivienda. Diez días después, el 27 de diciembre, el propio Sical Jiménez entregó una carta a la familia señalando que debían irse.
La casa 22 (al centro) del residencial Peñón de San Ángel es la nueva propiedad comprada por el jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, Klayber Bladimiro Sical Jiménez. (Fotografía: Marvin Del Cid/Sonny Figueroa)
Posteriormente, el 28 de enero de 2025, Brennen Everardo De León Medina, en calidad de mandatario de Sical Jiménez, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Usurpación del MP en contra de tres personas.
Brennen Everardo De León Medina fue el abogado que firmó el documento de compraventa del inmueble y es el mandatario de Sical Jiménez a quien conoce, ya que laboraron juntos en la Fiscalía Contra el Crímen Organizado. El jefe de ambos fue Ronny Elías López Jérez.
Brennen Everardo defendió a su exjefe y tío (López Jérez) cuando fue capturado el 16 de febrero de 2018 por el caso Manipulación de Justicia investigado por la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cuando la lideraba Juan Francisco Sandoval Alfaro.
López Jérez fue detenido porque la pesquisa reveló que él junto al militar Érick Fernando Melgar Padilla (✞) se coludieron y desde la Fiscalía Contra el Crímen Organizado desviaron pruebas en el asesinato de José Armando Melgar Moreno, padre de Melgar Padilla.
El 18 de marzo de 2022, fue condenado a seis años de cárcel por obstrucción de la justicia.
Durante la etapa de audiencias del caso se reveló que a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado dirigía por Ronny López (y a la que pertenecían Klayber Bladimiro y Brennen Everardo, su sobrino), se le conocía como “La Pequeña Cuba” porque se consideraban “independientes” al Ministerio Público.
También se evidenció que Ronny López se reunía constantemente con los hermanos Melgar Padilla. Un testigo reveló que en una ocasión hubo un encuentro de futbol y el arbitro fue Rafael Curruchiche, actual jefe de la FECI que ha criminalizado a defensores de derechos humanos, exoperadores de justicia y periodistas.
Klayber Bladimiro Sical Jiménez junto al director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo en conferencia de prensa. (Fotografía: Ministerio Público)
El desalojo
Tras la denuncia penal presentada por Klayber Bladimiro, el 12 de febrero de 2025, tres integrantes de la familia declararon ante el auxiliar fiscal Eddy Adalberto Silva Tahay de la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Usurpación en el expediente MP001-2025-5478.
Una semana después, el 20 de febrero, Jesica Maricel Pérez Villavicencio de dicha fiscalía pidió al juez Fredy Raúl Orellana Letona del Juzgado Séptimo Penal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala una orden de desalojo para la familia que vive en la casa. Se programó para el 24 de abril de 2025.
En menos de un mes de presentada la denuncia en la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Usurpación se logró que el juez Fredy Orellana ordenara el desalojo, esto es todo lo contrario con lo que pasa en cientos de casos que pasan dormidos muchos años en el sistema de justicia. La carpeta judicial de este caso es la 01079-2025-00035.
Sical Jiménez a través de su mandatario Brennen Everardo De León Medina no conforme con el avance del caso (que fue muy rápido) con sus influencias presionó a la fiscalía para que adelantara el desalojo casi un mes antes de la fecha prevista.
El 13 de marzo de 2025 el juez Fredy Orellana lo cambió para el día 31 de marzo de 2025 a las 9 de la mañana tras la petición del auxiliar fiscal, Andrés Esteban Galindo Contreras, bajo el argumento “que las personas que ocupan el inmueble le causan daños”.
En marzo de 2022 la entonces jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán ordenó al Ministerio Público una investigación interna por la filtración de información en el caso de Q122 millones decomisados y vinculados al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito.
Se debía investigar a dos auxiliares fiscales de la FECI (que dirige Rafael Curruchiche), Allan Javier Tánchez Castañeda y Andrés Esteban Galindo Contreras, quien ahora está en la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Usurpación y quien obró a favor de Klayber Bladimiro.
Galindo Contreras fue uno de los que estuvo presente el día que se capturó a Sergio Morataya y Heizel Morales, dos estudiantes de la USAC que eran parte del grupo había tomado el Paraninfo Universitario en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector, un proceso rodeado de irregularidades.
Desde que fue trasladado a la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Usurpación su primer caso en contra de ciudadanos que denuncian la corrupción en instituciones públicas fue el de Morales y Morataya, a quienes señalaban de usurpación agravada.
Regresanto al caso de la familia. El 31 de marzo, Andrés Estaban Galindo Contreras de dicha fiscalía llegó con más de 20 elementos antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y una jueza de paz de Chinautla para desalojar a la familia de seis integrantes.
Al lugar se hizo presente Brennen Everardo De León Medina, en representación del fiscal Contra el Crimen Organizado, quien en ese mismo momento dejó a dos agentes privados de seguridad para resguardar la propiedad, no sin antes amenazar a los integrantes de la familia desalojada y todo en presencia de autoridades judiciales, así como agentes de la PNC.
En las fotografías se observa que algunos de los trabajadores del MP iban con mascarillas para que no se les viera el rostro.
Tras denunciar estos hechos, la familia tiene temor de represalias en su contra por parte de Klayber Bladimiro Sical Jiménez por la cercanía que tiene con la fiscal general Consuelo Porras y por su influencia en el Ministerio Público y Organismo Judicial.
Al centro con gorra verde está el auxiliar fiscal, Andrés Esteban Galindo Contreras de la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Usurpación. (Fotografía: Vox Populi)
El auxiliar fiscal, Andrés Esteban Galindo Contrera con Brennen Everardo De León Medina, mandatario del fiscal Klayber Bladimiro Sical Jiménez durante el desalojo. (Fotografía: Vox Populi)
Más de 20 elementos antimotines participaron en el desalojo de la familia en la casa que compró el fiscal Klayber Sical. (Fotografía: Vox Populi)
Vox Populi buscó a Klayber Bladimiro Sical Jiménez en el quinto nivel del edifico central del Ministerio Público para cuestionarlo sobre el «rápido» actuar del Ministerio Público en su caso. Para eso se le iban a mostrar documentos en los que se evidenciaba el trato especial que recibió su caso en la Fiscalía Especializada Contra Delitos de Usurpación.
Se excusó diciendo que estaba recibiendo un curso en línea y que no podía responder a las preguntas. Al trabajador de esa fiscalía Emilio Fajardo se le dejaron los contactos de correo electrónico y números telefónicos para que Sical Jiménez contactara al medio, pero no lo hizo.
Banrural y el despojo
El 11 de junio de 2011 el notario Eduardo Arce Valenzuela firmó el contrato de crédito hipotecario entre Banrural y una sociedad anónima (que le pertenece a la familia). Para este préstamo de Q301 mil se puso como garantía la casa ubicada en el Condominio Peñón de San Ángel, zona 2 de la Ciudad de Guatemala.
Por el banco firmó Mynor Hermenegildo Winter Chiquín como representante legal.
Vox Populi tuvo acceso al historial de pagos al banco de la familia. En el documento se observa que desde agosto de 2011 hasta agosto de 2013 (20 meses) los pagos estuvieron al día, sin atraso alguno. Todos se hacían entre el 10 y 11 de cada mes.
Sorpresivamente el 26 de marzo de 2013, Banrural presentó una demanda en el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil de la Ciudad de Guatemala la cual fue rechazada el 2 de abril por ser defectuosa ya que no habían argumentos necesarios para afectar a la familia.
Esta acción la presentó Banrural con el apoyo del abogado Ronel Emilio Estrada Arriaza.
Sospechosamente y con “mala fe”, como lo cataloga la familia, la institución financiera se fue al Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Puerto Barrios, Izabal a presentar una nueva demanda para pedir el pago de la deuda.
Fue el 8 de mayo de 2013 cuando Banrural nuevamente con el auxilio de Estrada Arriaza, quien se identificó como “mandatario especial judicial y administrativo con representación del banco”, presentó el memorial ante el juzgado en Puerto Barrios. La demanda fue admitida el 16 de mayo de ese mismo año y se le dio el número 18003-2013-00123.
Todas estas notificaciones la familia no las recibió porque tanto el banco como el juzgado de Puerto Barrios se las dejaban en la Avenida Bolívar 32-34 zona 8 de la Ciudad de Guatemala, una dirección que no existe en los registros de la municipalidad capitalina.
La familia se enteró de la demanda cuando Banrural dejó de recibirles los pagos mensuales de la hipoteca y cuando quisieron actuar el proceso había avanzado.
El 8 de noviembre de 2013 el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Puerto Barrios a cargo de Marlon Ernesto Olivares Interiano resolvió que la propiedad pasaba a nombre del banco sin que la familia pudiera apelar durante el proceso.
El 7 de marzo de 2014, Banrural ya apareció en el Registro de la Propiedad como dueño de la vivienda.
Por esta mala práctica de Banrural, la familia acudió a la Superintendencia de Bancos (SIB) para denunciar los hechos y el 26 de marzo de 2014 el subdirector de Departamento de Estudios de la SIB, Luis Felipe Villatoro les respondió.
A través de una carta el funcionario de la superintendencia les explicó que se comunicó con Banrural y que “el banco les ofrece la opción de recuperación del inmueble objeto de reclamo, para lo cual usted debe efectuar el pago total del adeudo (incluyendo los gastos que ocasione la culminación de la toma de posesión) para lo cual deben abocarse con el jefe de Activos Extraordinarios, Mario Roberto Rosales Hernández”.
La familia hizo lo que indicó la SIB y denuncian que Banrural a través de Rosales Hernández no les dio la opción de recuperar la vivienda a pesar de que eso aseguraron a la Superintendencia de Bancos.
La familia ha presentado acciones legales por lo que definen como una “mala práctica del banco”, ya que presentaron hechos falsos en la demanda y sobre todo porque no fueron notificados de dicha acción legal. Tras las acciones presentadas desde 2013 el proceso se estancó por años.
En 2023 la familia envió una serie de cartas a Banrural para pagar el monto de la hipoteca y otros gastos en los que el banco incurrió. El 13 de marzo les propusieron pagarles Q650 mil al contado para recuperar la vivienda y les rechazaron ese monto y pidieron “mejorar la oferta”.
El 27 de abril enviaron otra carta en la que ofrecieron pagar Q700 mil al contado y Banrural les rechazó esa oferta porque pedían Q800 mil. Al final el banco decidió dejarlos sin la posibilidad de recuperar su casa.
Sin embargo, las acciones del Banrural son contradictorias porque el 30 de octubre de 2024 aceptaron Q240 mil al contado y darle un crédito de Q960 mil por 20 años al fiscal del MP, Klayber Bladimiro Sical Jiménez por esa vivienda, en medio de un proceso lleno de anomalías.
La casa ahora en propiedad de Sical Jiménez se encuentra vacía y eventualmente llegan personas al lugar, según pudo constatar Vox Populi.
Una de varias cartas en la que la familia propuso pagarle la deuda al banco y cubrir otros costos, pero el banco se los rechazó. (Imagen: Vox Populi)
Al servicio de Consuelo Porras
La fiscal general ha utilizada el MP para perseguir a personas que han cuestionado la corrupción e impunidad en Guatemala, para ello, tiene a un grupo de fiscales afines a ella, que cumplen todas sus órdenes y que cambio han obtenido beneficios como el caso de Klayber Bladimiro Sical Jiménez.
Otro de estos es Ángel Saúl Sánchez Molina, jefe de la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio, quien procesó a estudiantes y docentes que rechazaron la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Por este caso, Sánchez Molina buscaba retirar la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo, a la vicepresidenta Karin Herrera y a diputados del Movimiento Semilla por los delitos de sedición, depredación de bienes culturales y usurpación agravada.
A Ángel Saúl también se le recuerda porque des sus fiscalía se capturó con exceso de fuerza a la activista Nanci Paola Chiriz Sinto por hacer una pinta en la fachada del Congreso de la República, una pinta que posteriormente se removió con agua y jabón. La fiscalía buscaba que fuera condenada por el delito de depredación de bienes culturas, pero quedó el libertad por oden de un tribunal.
Estos dos abogados que buscan encarcelar a personas que han participado en movimiento sociales desde las fiscalías que lideran, trabajaron juntos y son amigos.
Klayber Bladimiro Sical Jiménez fue compañero en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Ángel Saúl Sánchez Molina, quien lideró por un tiempo la Unidad de Delitos relacionados con bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras que pertenece a dicha fiscalía.
Los dos fueron denunciados en diciembre de 2021 de un caso de acoso sexual. Dos trabajadoras de nuevo ingreso relataron que el 3 de diciembre de ese año se realizó un convivio en un chalé en Amatitlán,
Sical Jiménez y Sánchez Molina las intentaron embriagar y al no conseguir algún beneficio sexual las calificaron con nota baja en su período de prueba. Este caso fue sobreseído en asuntos internos del MP y un juez de femicidio también lo desestimó.
Para este texto periodístico Vox Populi buscó a Klayber Sical en su despacho y se negó a atender las consultas bajo el argumento de que estaba recibiendo un curso en línea. (Fotografía: Ministerio Público)
