La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, decidió ocultar información pública. La funcionaria no quiere dar explicaciones sobre su personal de confianza, empleados del MP y los beneficios que estos reciben.
Vox Populi pidió explicaciones para saber el motivo de esa decisión y Edgar Gilberto Del Cid Sánchez, jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública, justificó de forma escueta que al revelar esos datos se “pone en riesgo la investigación criminal”.
Es de mencionar que Consuelo Porras fue incluida en 2021 por el Departamento de Estado de EE.UU. en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, esto por obstaculizar constantemente la justicia guatemalteca y participar en hechos de corrupción.
Sonny Figueroa
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Artículos de Sonny Figueroa
Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
Artículos de Marvin Del Cid
Desde que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública -LAIP) (Decreto 57-2008) el MP tenía disponible el directorio de los empleados, servidores públicos y asesores de esa institución, al igual que sus salarios y honorarios.
De hecho, durante el primer período (2018 – 2022) de Consuelo Porras como jefa del MP esta información contemplada en el artículo 10, numerales 3 y 4, estaba disponible en el sitio web del Ministerio Público, pero fue a inicios de 2024 que la ocultaron.
Con el objetivo de saber bajo qué criterios el MP decidió esconder esos datos, el pasado 4 de septiembre los periodistas de Vox Populi se apersonaron a la sede del ente investigador e hicieron un requerimiento.
“Por medio de la presente solicitud se requiere copia del documento que ampara dicha reserva de información de los numeral 3 y 4 del artículo 10 del Decreto 57-2008”, fue parte de los que se pidió a la Unidad de Acceso a la Información Pública.
La petición se hizo el 4 de septiembre a las 14 horas en la sede central del MP y fue hasta 18 de ese mes que el jefe de dicha unidad, Edgar Gilberto Del Cid Sánchez, notificó a Vox Populi de que esos datos estaban restringidos.
El argumento (interpretando la LAIP a su favor) fue que esa información “pone en riesgo el sistema nacional de seguridad, la investigación criminal y la inteligencia del Estado”.
El Ministerio Público se negó a informar desde qué fecha se restringió la información de los incisos 3 y 4 del artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
No quisieron responder
En el primer nivel de la sede central del Ministerio Público hay un pequeño espacio asignado a la Unidad de Acceso a la Información. Tras hacer la solicitud se buscó entrevistar a Edgar Gilberto Del Cid Sánchez, cuyo despacho está en el nivel 7.
Al llegar, la seguridad impidió que se ingresara a su oficina bajo el argumento que son áreas restringidas para la población en general y sobre todo para periodistas “porque se pone en riesgo la seguridad de los trabajadores del MP”.
También se pidió hablar con personal de la Unidad de Comunicación Social del MP para conocer los detalles sobre el bloqueo de información, al requerir una reunión con ellos la secretaria indicó que estaban de viaje «por coberturas de trabajo».
Se contactó vía mensajes de WhatsApp a María José Mansilla y a Juan Luis Pantaleón, este último agregó que la decisión también se tomó con base a lo estipulado en el artículo 23 de la LAIP que hace referencia a los casos en los que se reserva información.
«Cuando la información que se difunda pueda causar un serio perjuicio o daño a las actividades de investigación, prevención o persecución de los delitos, la relacionada a los procesos de inteligencia del Estado o a la impartición de justicia«, dice el artículo 23.
Con esta decisión de ocultar la información los mismos trabajadores del área de comunicación del MP (que tiene una alta cantidad de personal) se benefician porque no se conoce la cantidad de los empleados asignados a esa unidad, los nombres, sus funciones e ingresos.
La acción del Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras contradice el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que se refiere a que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
