Pablo Boiton

    La euforia ciudadana de las diferentes jornadas contra la corrupción que vivimos en 2015 parece haber disminuido con el pasar de los años, se generó una gran expectativa de los cambios que podían traer una reforma institucional y un nuevo despertar de la organización social.

    Las demandas ciudadanas fueron tantas y eran tan diversas que pusieron en la balanza de los grupos de presión a las demandas históricas con un contrapeso con las demandas de La Plaza, las primeras de larga data y fincadas en el modelo de desarrollo trasnochado que mantenemos en Guatemala; las segundas limitadas a tres grandes reformas: 1) Ley Electoral y de Partidos Políticos; 2) Sector Justicia; y 3) Ley de Servicio Civil.

    Respecto a las demandas históricas, sus interlocutores no lograron aprovechar la ola reformista, las voces de la indignación ciudadana hicieron más eco en temas menos estructurales, de esa cuenta seguimos sin una ley de gestión del recurso hídrico o ley de aguas (como se planteó en la Constitución), se continuó desarmando la política social que medianamente se levantó en el gobierno de Álvaro Colom (pero con poca transparencia), la agenda trazada en los Acuerdos de Paz quedó en un sumidero (faltando poco para que sea enterrada en una fosa clandestina), no digamos la situación del uso de la tierra y el derecho colectivo de la misma.

    Hay que reconocer que las demandas históricas no solo requieren de la voluntad política, es decir, de quienes nos representan por haber sido electos, también necesita de diálogos extensos que lleven a negociaciones más complejas con quienes tienen el poder real en Guatemala, cosa que es imposible con los diferentes enclaves (palma africana, azúcar, entre otras); corporaciones con múltiples inversiones o diversificadas (desde harinas hasta cadenas de restaurantes); viejas alianzas entre militares activos durante el Conflicto Armado Interno, Iglesias (de todas las denominaciones) y traficantes (narcos, de personas, contrabando, entre otros).

    Por el lado de las demandas de La Plaza, se articularon muchos de los sectores mencionados en el párrafo anterior, hubo una alianza para hacer ajustes mínimos; sin embargo, duró poco al ser sustituida por un pacto de corruptos promovido inicialmente por exmilitares, haciendo yunta con grandes evasores fiscales y movilizando sus piezas en los organismos del Estado, terminando por legitimarse a través de instituciones religiosas y la aprobación del Decreto 15-2017.

    A partir del 13 de septiembre de 2017 las acciones contra las demandas de La Plaza se volvieron más claras, los avances debían defenderse, es a partir de ese momento en que la confianza en el Congreso de la República se vino en picada y se sumaron interlocutores que se mantuvieron vigentes a través de los años como el difunto Álvaro Arzú, se desempolvó la bandera de un falso nacionalismo guatemalteco frente al “comunismo internacional”, la polarización fue inmediata, efectiva y eficiente.

    El nuevo enemigo interno son las organizaciones sociales, el nuevo comunismo son la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), se reactivan los cuerpos ilegales y otros aparatos clandestinos de seguridad para perpetrar las black ops, asesinando y criminalizando a los liderazgos comunitarios y a defensoras y defensores de Derechos Humanos, su visión es llegar a institucionalizar estas acciones, promoviendo iniciativas de ley de retroceso en materia de DDHH; una de ellas es la iniciativa 5257, la cual pretende modificar el marco normativo que regula el funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, permitiendo que el Gobierno de la República pueda cancelar a las onegés.

    Otra de estas iniciativas es la 5377 que promueve modificaciones a la Ley de Reconciliación Nacional permitiendo la amnistía de varios delitos de lesa humanidad que no fueron incluidos en el texto original. Ambos ejemplos son defendidos por sus promotores con elementos comunes por las pocas articulaciones que existen en resistencia a las acciones de legitimar un retroceso a las demandas de La Plaza, como la transparencia y la agilización de procesos judiciales como garantía de derechos humanos.

    Ante estas amenazas las bancadas de oposición en el Congreso de la República son incapaces de bloquear la agenda legislativa, sus tácticas y justificaciones no solo son pobres sino vergonzosas, tomando en cuenta que suman una gran cantidad de años de experiencia en el hemiciclo y que en sus filas hay varios operadores políticos que han logrado estar sentados en la silla de la Presidencia del Legislativo.

    Por si fuera poco, el proceso electoral no permite tener un panorama positivo, muchos de los legisladores actuales van tras su reelección ofreciendo otras políticas regresivas, pese a que la Constitución es garantista en materia de DDHH, otros ofrecen políticas de mano dura cuando con anterioridad cantaban “la violencia se combate con inteligencia”, por último, están los partidos que abanderan sus propuestas basados en las demandas históricas pero con poca credibilidad en poder cumplir las que surgieron de La Plaza, y otros que patentizaron su participación en La Plaza, sin capacidad de articularse a las demandas históricas.

    La evolución no es inmediata, requiere de generar las condiciones óptimas para que se dé, en materia de reforma institucional esto no va a venir solo de nuestros representantes, pues existen demandas plurales que requieren múltiples formas de abordar, asumamos nuestra responsabilidad.

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