Cuando en la primera década del siglo XXI las redes sociales invadieron el ciberespacio, pocos intelectuales pudieron percibir las consecuencias devastadoras para la comunicación en general y para el periodismo en particular.
Noam Chomsky, Fernando Buen Abad y Eduardo Galeano señalarían con claridad meridiana los efectos nocivos del deterioro cognitivo, la desinformación y la incomunicación derivadas de las por entonces novedosas herramientas de interacción social.
Las primeras víctimas de las redes sociales serían las propias empresas periodísticas, los escritores y los periodistas, pues lejos de fomentar la lectura como constructora del pensamiento crítico, las plataformas digitales desplazarían el texto por el audiovisual, estimulando el consumo masivo de contenidos banales o abiertamente estrafalarios.
En poco tiempo, centenares o quizás miles de periódicos y revistas en el mundo quebraron o cuando menos cesaron sus ediciones en papel para volverse enteramente digitales, con lo cual perdieron audiencias habituales y debieron sacrificar la calidad por los clics, cediendo terreno, sin proponérselo acaso, a la proliferación del mercenarismo mediático.
Como tacuacines de gallinero comenzaron a aparecer por todas partes nuevos “medios de comunicación” y los merolicos de la propaganda, conocidos como “influyentes”, ocuparon el carril de los periodistas en una competencia escandalosa en la cual hasta imputados por crímenes, actos de corrupción y estafas y hasta agresores sexuales resultaron con carné de “periodistas” expedidos por aquellos “medios” o por cadáveres gremiales de deshonroso pasado como entidades de prensa.
Tal y como lo advirtió el escritor estadounidense Noam Chomsky, el deterioro cognitivo producido por el excesivo apego a las plataformas digitales y a la incontrolable oferta de contenidos, han creado un consumidor sin criterio propio para distinguir lo verdadero de lo falso, pues también ha sido adoctrinado por las grandes tecnológicas propietarias de las plataformas digitales para no cuestionar y desentenderse de todo.
Hace cinco años, cuando fundamos Vox Populi, nos dimos cuenta del reto suicida habido por delante al tratar de evitar a toda costa la muerte del periodismo como actividad informativa, pero también como un ejercicio de fiscalización del poder.
Sabedores, como el intelectual mexicano Fernando Buen Abad, de los riesgos de nadar contracorriente en las turbulentas aguas de la desinformación, nos propusimos hacer un periodismo útil a la ciudadanía para hacer valer sus derechos a informar y ser informada, como lo mandan la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado.
Nuestro estilo narrativo se apega a los cánones del periodismo científico de investigación, prescindiendo de la hibridez entre noticia, opinión, propaganda y relaciones públicas de las cuales echan mano otros, pero no nosotros, pues desde el principio de nuestra vida como medio digital hemos defendido el periodismo como una conducta ética. Es decir, no le damos cabida al rumor, a la especulación ni mucho menos al mercenarismo.
No obstante, de unos meses para acá hemos soportado ataques infundados y amenazas veladas desde cuentas anónimas en redes sociales y canales de mensajería telefónica por nuestro trabajo periodístico basado en evidenciar conductas y actos indeseables de quienes malgastan el erario o abusan de un cargo al amparo del poder.
Que quede claro. El periodismo también tiene líneas rojas y no ha sido nuestra costumbre invadir la esfera íntima de funcionarios y menos de personas ajenas al poder público como algunos comentaristas de redes sociales nos lo endilgan desvelar el caso de un maldiciente del actual gobierno cuando su descendencia goza de un buen contrato y un viceministerio otorgado precisamente por la administración a la cual también ha deseado su caída.
Toda persona que ejerce un puesto en la administración pública es susceptible del escrutinio ciudadano. Y en tal sentido, si alguien goza de recursos estatales para satisfacer gustos o caprichos personales o hace valer su cargo o posición para sacar cualquier provecho, ¿por qué no han de saberlo quienes pagan su salario u honorarios con sus impuestos, es decir, los contribuyentes? En esto de investigar al poder, las leyes nos amparan.
En Guatemala hay actualmente una crisis del periodismo como resultado de la incomunicación de la cual hablaba el insustituible escritor uruguayo Eduardo Galeano. La incapacidad de desprendernos por una hora al menos, no digamos por un día, de los telefónicos móviles, nos ha hecho vivir en otra dimensión de la realidad y al perder el contacto humano, tan normal y frecuente en otras épocas, perdimos incluso el raciocinio y dimos lugar a la agresividad, a los ataques sin sentido y al ¡fuego a discreción! de las batallas militares.
Una mirada a ojo de águila sobre nuestro país permite apreciar el estado lamentable del periodismo y de los periodistas, en donde los medios de comunicación tradicionales, como es lógico de comprender, anteponen sus utilidades a la defensa gremial cuando ocurren ataques, amenazas o intimidaciones.
Como Vox Populi nos ha tocado enfrentar las canalladas de anonimistas y hasta burócratas plenamente identificados a quienes irrita nuestro trabajo de investigación cuando los señalados resultan ser sus ídolos o benefactores con esa suculenta plaza laboral en el Estado pagada, irónicamente, por quienes no tienen ni trabajo pero contribuyen al fisco cuando comprar los frijoles y las tortillas.
En el horizonte guatemalteco de la comunicación y el periodismo nos hallamos frente a la realidad dura y fría de la existencia del mercenarismo disfrazado de “medios noticiosos”, cuya cantidad quizás supera el millar de sitios y páginas en las distintas plataformas digitales y canales de mensajería telefónica.
A la vez existe al menos una docena de medios digitales de comunicación alternativa financiados por organizaciones de Estados Unidos y Europa con agendas de cobertura noticiosa establecidas según el interés de los donantes, pero enmarcados dentro de la legalidad y el ejercicio tradicional del periodismo.
Asimismo, tenemos al menos cuatro medios digitales de corte abiertamente ideológico cuya misión parece ser la de sostener, por un lado, un periodismo de transacción con el statu quo y, por el otro, mantener vigente en el ideario colectivo las tácticas y estrategias propagandísticas de la Guerra Fría desde la visión nazi-fascista según la cual el comunismo y el socialismo son el demonio responsable de todas nuestras calamidades.
Por último, quedan solamente tres periódicos impresos, uno de ellos estatal, compitiendo contra nueve telenoticieros y unos seis o siete radioperiódicos a quienes las redes sociales han disputado audiencias y pese a ser blancos también del mercenarismo muchas veces ni siquiera reaccionan a los ataques en contra de su propio personal.
En medio de este panorama desalentador, Vox Populiha puesto pecho a las balas, siendo uno de los escasísimos medios digitales de periodismo de investigación y el único independiente, económica y editorialmente, y, por lo tanto, no sujeto a ningún tipo de agendas o compromisos derivados de financiamiento o pautas publicitarias privadas y estatales.
Vox Populi se sostiene con aportes voluntarios de sus lectores en la plataforma GoFundMe y con la venta de los libros de sus editores, Marvin Del Cid y Sonny Figueroa, siendo el más reciente Consuelo Porras La Fiscal de la Impunidad, por el cual hemos sido atacados hasta el extremo de soportar una campaña de sabotaje a través de la cual el mercenarismo busca afectar la venta de ejemplares para dañar nuestra economía y de ese modo la continuidad de nuestra misión de seguir investigando al poder.
Guatemala, 06 de julio de 2026
