Alejandro Eduardo Giammattei Falla, expresidente de Guatemala y diputado del Parlamento Centroamericao; Felipe Amado Aguilar Marroquín, exministro de Cultura y Deportes; Cristhian Neftalí Calderón Santizo, exviceministro de Cultura, entre otros, fueron denunciados el pasado 12 de enero ante el Ministerio Público (MP) por los delitos de abuso de autoridad, fraude, peculado por sustracción y malversación de fondos públicos.
A la vez fueron incluidos Wilfredo Roderico González Gaitán, exdirector de Difusión de las Artes; Denise Paola Phé-Funchal, exjefa de Editorial Cultura; Gretchen Fabiola Barneond Martínez, exdirectora administrativa del Departamento Editorial Cultura y Douglas Agustín Vázquez Vides, exencargado interino del Editorial Cultura.
La acción penal ocurre luego de la publicación de Memorias Presidenciales: el último atraco de Giammattei, una investigación de Vox Populi del 9 de diciembre de 2025 en la que se documentó el uso de recursos públicos del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) para la impresión de tres mil ejemplares de un documento con las memorias presidenciales, pese a que este tipo de publicaciones no forman parte de la línea editorial de la casa editorial estatal.
Sonny Figueroa
sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
Artículos de Sonny Figueroa
Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
Artículos de Marvin Del Cid
Meses antes de desalojar la Casa Presidencial, Alejandro Giammattei dispuso de Q434 mil 700 (unos US$57 mil) del MCD para imprimir tres mil ejemplares de sus Memorias Presidenciales, que en realidad trata sobre aspectos de su vida personal.
Felipe Amado Aguilar Marroquín, entonces titular del MCD, y uno de sus funcionarios más leales al exmandatario, avaló la impresión que encuadra en el típico abuso de poder y corrupción que caracterizaron a aquella administración.
Vox Populi constató que se publicaron tres textos diferentes con los que quedaron al descubierto las múltiples irregularidades de la administración giammatteísta que abarca a varios exfuncionarios.
Este medio solicitó desde octubre de 2025 información a la actual titular de la cartera, Liwy del Carmen Immacolata Grazioso, pero rehusó dar explicaciones. Además, la vocera de esa institución, Yulisa De León, tampoco respondió a nuestras interrogantes.
Posteriormente, se le cuestionó la razón por la cual no había denuncias penales y de nuevo se mostró indiferente. Incluso, el MCD publicó un comunicado de prensa en donde echa sombras y no aclararon el caso.
En una acción sorpresiva, el pasado 12 de enero fue presentada una denuncia por parte del actual viceministro de Cultura, Luis Rodrigo Carrillo Flores, y no por la titular de la cartera, Liwy Grazioso. En la acción resaltan varios puntos.
Según el documento presentado ante el Ministerio Público, en abril de 2023, el MCD impulsó la licitación pública MCD-DAG-LIC-01-2023, registrada en Guatecompras bajo el NOG 19485298, para el “Servicio de impresión de libros conmemorativos”.
El evento incluyó la impresión de tres mil ejemplares de Memorias Presidenciales, un mil sobre el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un mil sobre el Palacio Nacional de la Cultura y un millar sobre el sitio arqueológico Tak’alik Ab’aj.
Sin embargo, la denuncia sostiene que el libro Memorias Presidenciales no corresponde a obras literarias ni de difusión de pensadores guatemaltecos, finalidad exclusiva de Editorial Cultura, por lo que su impresión fue ilegal desde el origen.
En la investigación dada a conocer por Vox Populi se explicó que los tres mil ejemplares de Memorias Presidenciales desaparecieron.
En la acción penal presentada por el viceministro Carrillo Flores se señala que la Editorial Cultura donó de forma irregular 2 mil 997 ejemplares de las Memorias Presidenciales a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que en diciembre de 2023 estaba a cargo de Kevin Alberto López Oliva.
De acuerdo con la normativa interna del MCD, los libros editados por Editorial Cultura sólo pueden ser donados a bibliotecas públicas, municipales o casas de cultura, no a la Secretaría de Comunicación Social. Además, la denuncia advierte inconsistencias entre los registros de ingreso y salida de almacén de los documentos, situación que deja duda sobre el paradero final de los libros.
Denuncia-penalEl memorial señala que los funcionarios denunciados habrían planificado y ejecutado el proceso de licitación “mediante ardid y engaño”, según la denuncia, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a la impresión del libro del expresidente.
La acción solicita al MP iniciar las diligencias correspondientes para individualizar responsabilidades penales y, llegado el momento procesal oportuno, formular acusación contra los responsables.
El caso, documentado inicialmente por Vox Populi, reabre el debate sobre el uso de fondos públicos durante el gobierno de Alejandro Giammattei y el papel de altos funcionarios en la instrumentalización de instituciones culturales para fines políticos y personales.
El memorial fue firmado por los abogados Francisco Javier Gallardo Samayoa y Melvin Alid Rosales Vásquez quienes figuran como patrocinadores del viceministro Rodrigo Carrillo.
Al pedir la postura de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia respondieron que «las acciones presentadas por el Ministerio de Cultura, son acciones de gobierno. En este momento le corresponde al ministerio público, investigar y determinar la responsabilidad penal».
