El Gobierno de Guatemala debe garantizar la libertad de prensa

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Por Prensa Comunitaria

Escribiendo en Vox Populi

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Inmersos en la implementación de un estado de calamidad y un toque de queda hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El país se encuentra en una crisis sin precedentes agudizada por la pandemia provocada por la COVID-19. En esas condiciones, el presidente de la República, bajo la ley de orden público, impuso una serie de restricciones que se hace necesario revisar.

Uno de los rasgos característicos de este momento es que el Gobierno, lejos de garantizar el libre ejercicio de la prensa, facilitar la información y garantizar la libertad de expresión, inicia un camino de estrechamiento de los espacios políticos para sectores que encuentran en la vía democrática una forma de organizarse.

Se ha estado creando la noción de que difundir información responsable acerca de la pandemia y hacer denuncias puede ser sancionado, y que comunicar es difamar el sistema social. La influencia de noticias falsas, ha sido una característica desde el inicio de las medidas de prevención de la pandemia en el país.

Por lo tanto, las denuncias sobre violaciones al ejercicio periodístico en Guatemala reflejan una forma de hacer gobierno con rasgos autoritarios que restringe y censura a la prensa y a la población en general. La falta de garantías Constitucionales, bajo la figura de la ley de orden público que se han implementado durante los cien días de Gobierno, y algunas de las medidas adoptadas ante la pandemia, son dos ejemplos que dibujan la racionalidad del grupo que ostenta la administración gubernamental.

Durante los casi dos meses que llevamos en la emergencia de la pandemia, junto a los cien días de gobierno, la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ha documentado, hasta el 14 de abril, 7 casos de violencia y de restricción contra periodistas, mientras que la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) registró 4; y 9 casos han sido denunciados por distintos medios de comunicación del país, esto resume un total de 19 casos.

En estos hechos, ambas instancias señalan al Gobierno como el principal responsable de estos ataques. Las denuncias han implicado restricciones en el canal oficial de información, en plataformas de mensajería digital, como el caso del Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia; también en las gobernaciones departamentales, y algunos casos que involucran a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); las municipalidades de Nebaj e Ixcán, y la más burda, fue la restricción que la Junta Directiva del Congreso impuso a la prensa en las sesiones plenarias del 2, 4 y 5 de abril, documentadas por la PDH y la APG.

Frente a esas acciones, claramente arbitrarias y de uso abusivo de poder, vemos con preocupación los ataques en contra periodistas en distintos puntos del territorio. Los casos en contra comunicadores de Prensa Comunitarias en diferentes regiones del país lo ilustran. Como lo ocurrido el 13 de abril en contra del periodista Joel Pérez en Ixcán, Quiché, quien fue excluido del grupo oficial de la Comisión Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) en la plataforma de Whatsapp, presidida por el alcalde municipal Antonio Elías Calel. El alcalde Calel tiene un proceso de antejuicio por limitar el acceso a la información pública en el municipio, cuando el 5 de enero de 2018 impidió el ingreso de la prensa a una reunión del concejo municipal.

El segundo caso, fue el allanamiento ilegal en la casa del periodista Carlos Ernesto Choc Chub, en El Estor, Izabal, el sábado 18 de abril. Quien estuvo documentado la falta de agua en las comunidades de ese municipio. El tercer caso, fue la censura de la municipalidad de Nebaj contra la prensa; y el cuarto caso, lo constituye las presiones recientes en contra de Red25, un canal comunitario de televisión en Totonicapán, por su cobertura sobre los casos de COVID-19 en el municipio.

Como respuesta a esta serie de hechos que atentan contra la libertad de expresión, Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC), un amparo en contra del Congreso por la restricción a la cobertura periodística de las sesiones de abril; en ese mismo sentido la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) planteó una acción contra Alejandro Giammattei para que garantice el acceso a la información pública. Hasta el día de hoy la corte constucional tiene pendiente resolver las acciones presentadas.

Como apoyo a la acción plateada por el PDH, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), este medio y otros periodistas adherimos un amicus curiae en la CC con el objetivo de garantizar el libre ejercicio de la prensa.

Nuestra preocupación aumenta con el anuncio hecho el jueves 23 de abril por Carlos Sandoval, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, cuando afirmó que la Cámara de Radiodifusión y la Cámara Guatemalteca de Periodismo, están revisando el protocolo de protección a periodistas. Sin tomar en cuenta que este mecanismo surge de un proceso de participación amplia, el presidente obvia un proceso de consulta a distintos sectores para ponerlo en manos de los directivos de dos cámaras empresariales señaladas de vulnerar los derechos humanos, censurar y restringir la libertad de expresión, especialmente contra las radios comunitarias.

Como resultado de esas acciones gubernamentales, el Estado de Guatemala volvió a salir mal calificada en el reporte de Periodistas Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en el mundo, ocupando el puesto 116 de 180 países en 2020, señalándolo como uno de los países en donde más se vulnera la libertad de expresión y a la prensa.

Es urgente que el Gobierno garantice todas las libertades y derechos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y que se elimine, se investigue y se sancione toda acción que vulnere o violente a la prensa. Guatemala como parte del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas debe asumir su responsabilidad que desde estos organismos multilaterales ha ratificado para actuar a procurar justicia, prevenir y proteger a las y los periodistas.

La libertad de expresión, de prensa y el ejercicio del derecho a informar ayudarían mucho a contrarrestar esta pandemia, a que la población tenga una percepción más clara de lo que ocurre y a partir de ahí tome acciones de autocuidado. Pero en este momento es muy díficil distinguir lo que pasa en la realidad, las posibilidades de acercarse a la verdad son complejas y la labor de la prensa está siendo cuesta arriba.

El Día Mundial de la Libertad de Prensa, surgió desde el año 1994 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa, como un día de apoyo a los medios de comunicación que son objeto de la restricción o abolición de la libertad de prensa. Especialmente en estos momentos de crisis.

*Este texto fue publicado originalmente en Prensa Comunitaria. Lo reproducimos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

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