El informe titulado Guatemala: Estado contra la prensa y la libre expresión reveló que el panorama de violencia contra periodistas es promovido por el Estado, utilizando el aparato institucional para censurar o inhibir el ejercicio periodístico crítico
El documento, elaborado por la Asociación Artículo 35 y el Centro Civitas con el apoyo de Article 19, también enfatizó que desde el aparato estatal se criminaliza y persigue a comunicadores y comunicadoras comunitarios.
El informe que registra hechos del 2011 al 2020, señala que las amenazas y la coacción son los delitos más utilizados en Guatemala para reprimir la libertad de prensa, una tendencia observada hace más de una década y que es implementada por el Estado.
Durante esa década fueron denunciados ante el Ministerio Público una ejecución judicial, 28 homicidios, 21 asesinatos y 63 casos de lesiones físicas de diversa índole, todos cometidos contra periodistas.
Para el estudio se entrevistó a 156 periodistas y mas del 98 por ciento de las y los consultados opinaron que prevalece la impunidad en los casos de delitos contra periodistas y señalaron al Estado como el responsable.
No tenemos un panorama favorable, tenemos un panorama en donde los periodistas son agredidos por las mas altas esferas del Estado que viene desde los últimos gobiernos. Esto hace un panorama muy triste porque hay muy pocos avances en el avance de la libertad de expresión
Señaló Evelyn Blanck, una de las autoras del informe.
El informe denuncia que las y los periodistas departamentales son más vulnerables ante la violencia en su contra. En las llamadas “zonas silenciadas” y en otras regiones departamentales, las y los periodistas enfrentan la violencia generada por el crimen organizado y el narcotráfico.
También califica como grave la criminalización en contra de periodistas y comunicadores que informen sobre las industrias extractivas y otros proyectos que afectan el medio ambiente. Los alcaldes, concejos municipales y grupos ilegales de vigilancia ciudadana también agreden, intimidan y amenazan.
Durante las tres últimas administraciones de gobierno en Guatemala, desde los poderes del Estado se ha criminalizado y atacado discursivamente a la prensa, se ha perseguido a las radios comunitarias, se ha descalificado, difamado y amenazado a periodistas por medio de los netcenters, se ha manejado la pauta gubernamental a los medios con criterios antidemocráticos y se ha favorecido a los monopolios de medios
Denunció Marvin Del Cid, otro de las autores.
Guatemala: Estado contra la prensa y la libre expresión denuncia que el Estado guatemalteco criminaliza y persigue a comunicadores y comunicadoras comunitarios utilizando una figura legal que no corresponde.
Además, se ha negado a legislar para el reconocimiento legal de las radios comunitarias y no acciona para detener las campañas de desinformación que lanza la Cámara de Radiodifusión sobre estas radios, en las cuales equipara a sus dueños con narcotraficantes y ladrones.
“Algunos pensamos que con Jimmy Morales habiamos tocado fondo, pero el presidente actual Alejandro Giammattei se ha ensañado en contra de los periodistas”, dijo el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en la presentación del informe.
El documento señala que las agresiones contra periodistas mujeres en Guatemala son numerosas y reiteradas, pero permanecen invisibles porque son poco denunciadas. Aunque afectan la dignidad de las mujeres periodistas, su derecho a la libre expresión y los derechos de los guatemaltecos y las guatemaltecas a ser informados con calidad, entre 2011 y 2020 sólo fueron presentadas cuatro denuncias ante el Ministerio Público.
Según las consultas realizadas a las principales entidades estatales obligadas a la protección de periodistas como el Ministerio de Gobernación, Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Ministerio Público carecen de protocolos de atención a mujeres periodistas, una pequeña muestra de que el Estado no es sensible a la problemática que enfrentan.
Legislación en acceso a la información pública
El sondeo realizado a 100 periodistas para este estudio sobre sus experiencias en el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, reveló que todos los consultados y las consultadas han utilizado esta herramienta legal para desarrollar su trabajo y que, por tanto, en Guatemala reviste de importancia para la labor periodístico.
La experiencia en el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de los investigadores y las investigadoras que produjeron el informe mostró que la mayoría de las respuestas de las entidades consultadas fueron parciales o incompletas.
Otras entidades han señalado incumplimiento sistemático de las solicitudes sobre información de la pandemia por COVID-19. Asimismo, la información entregada por el Ministerio de Salud sobre la evolución de la emergencia no es completa ni desagregada, y los datos no se publican en formatos reutilizables.
“El acceso a la información pública se limitó más en este gobierno, un ejemplo de esto es que el Tribunal Supremo Electoral publicó un acuerdo para negar el acceso a la información sobre las investigaciones contra los partidos políticos”, ana Carolina Alpirez.
