Uno de los grandes problemas del país es la opacidad con la que se manejan las instituciones públicas y a muchos funcionarios no le gusta rendir cuentas, les incomodan los cuestionamientos y andan buscando las forma de evadir.

    Norberto Bobbio define a la democracia como el gobierno del poder público y que todas las decisiones deben estar a la vista de los ciudadanos.

    El derecho a la información es un asunto de interés público y es un acto administrativo al que todos los ciudadanos deben tener acceso, pues, como destacan varios autores, el fin de la administración pública es el bien común. De forma paralela, la libertad de expresión va relacionada con el acceso a la información que permite obtener datos como primer punto y luego procesarlos. En la Constitución Política de la República de Guatemala se encuentran establecidos ambos derechos.

    Desde el año 2008 el país cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública y cada vez más los ciudadanos han tomado mayor conciencia de su importancia.

    La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), signada en Costa Rica en 1969, detalla en el artículo 13: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

    El derecho de acceso a la información debe irse fortaleciendo cada día y los ciudadanos debemos exigir que se cumplan.

    Durante las últimas semanas he visto las denuncias de muchas personas en Twitter en las que indican que instituciones del Estado los han bloqueado, entre ellas, el Congreso de la República y El Tribunal Supremo Electoral.

    Esos bloqueos también son realizados por varios diputados del Congreso de la República y funcionarios del Organismo Ejecutivo.

    Los ciudadanos reclaman y en la mayoría de los casos dicen los afectadas que es por las críticas que han realizado.

    En Twitter convergen infinidad de puntos de vista y en 280 caracteres la criticas señalamientos y cuestionamientos son parte del día, es una red social que sin duda vino a revolucionar la forma de comunicarnos.

    Yo también he sido víctima de esos bloqueos específicamente del Congreso de la República y del Registro Nacional de las Personas (Renap) de la primera por cuestionar el trabajo de los diputados por calificar a la legislatura actual como una de las más nefasta en la historia reciente del país, mientras que la segunda por su ineficiencia en la entrega del Documento Personal de Identificación (DPI) y el pésimo servicio que prestan. Ambas criticas las sostengo.

    Ante esa situación de bloqueo hacia lo ciudadanos, el pasado 22 de marzo me presenté a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) e hice una denuncia en tres vías.

    La primera en contra del Renap por mantenerme bloqueado y la segunda para que la PDH investigue y accione mediante un amparo para que ninguno funcionario o diputado que comparte información pública en sus redes sociales tomé la decisión de bloquea a los ciudadanos.

    La tercera para que la PDH también investigue a las instituciones que han incurrido en esa mala práctica.

    La información es un bien público y lo que se traslada en esas cuentas públicas es de interés para todos, por lo tanto, se debe conocer.

    Les recuerdo a los funcionarios que manejan esas cuentas que el artículo 35 de la Carta Magna establece en su párrafo segundo: No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas e imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.

    Cuando se bloquea a un ciudadano en redes sociales se atenta contra su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

    Recientemente en México la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró que los servidores público e instituciones no pueden bloquear a los ciudadanos cuando existan criticas o comentarios por su actuar.

    La denuncia la presenté en mi calidad de ciudadano, periodista y presidente de la Asociación Artículo 35.

    Espero que el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, acuda a instancias judiciales y que vele por los derechos de todos.

    Autor

    • Periodista especializado en investigación y temas políticos. Formó parte de Prensa Libre y coordinó el equipo de investigación de elPeriódico. Además, fue jefe del área digital de noticias de Emisoras Unidas y estuvo a cargo del área de investigación en TV Azteca Guatemala. Profesor universitario.

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