Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, aspirante a magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se desempeñó como jefe de la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial (OJ) mientras de forma simultánea prestaba sus servicios en la Subgerencia de Tecnología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Probidad y la Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, entre otras normativas, existen prohibiciones para desempeñar más de un cargo o empleo público remunerado.
A pesar de esos antecedentes, Los cinco integrantes de la Comisión Postuladora votaron a su favor para que pasara al grupo de 20 finalistas, luego de que obtuvo 81 puntos, incluso por debajo de otros aspirantes; aun así, fue favorecido.
Sonny Figueroa
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Artículos de Sonny Figueroa
Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
Artículos de Marvin Del Cid
El candidato a magistrado es uno de los 20 seleccionados por la Comisión de Postulación. Ahora quedará en los diputados elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el período 2026-2032, quienes tendrán a su cargo las elecciones generales de 2027 y 2031.
La lista de postulantes incluye personas que han sido señaladas o sancionadas por Estados Unidos, así como otras cuya idoneidad, capacidad y honorabilidad han sido puestas en duda por distintos sectores de la sociedad civil.
Información verificada por Vox Populi da cuenta que Joaquín Rodrigo Flores Guzmán ocupó un puesto en el Organismo Judicial (OJ) cuando también prestaba sus servicios en el IGSS, lo que es considerado una ilegalidad por otros abogados consultados.
Pese a esos antecedentes los cinco integrantes de la comisión postuladora incluyeron a Flores Gúzman en el listado final. Los comisionados fueron: Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac); Gregorio Saavedra, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG); Mynor Augusto Herrera Lemus, rector de la Universidad Panamericana y representante de las universidades privadas; Henry Arriaga Contreras, decano de la Facultad de Derecho de la Usac; y Donald González, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Occidente.
Los dobles contratos de Flores Guzmán
Joaquín Rodrigo Flores Guzmán llegó al Organismo Judicial en mayo de 2024 para ser asesor (bajo el renglón 029) del entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Ricardo Echeverría Méndez, facturando mensualmente Q16,900.
Para ese momento tambien era asesor con otro contrato 029 en el Subgerencia de Tecnología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sus servicios los empezo a brindar en marzo de ese año y cobraba Q18 mil mensuales.
Esta práctica la mantuvo durante 18 meses entre ambas instituciones.
En noviembre de 2024, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán dejó de ser asesor bajo el contrato 029 en el OJ y tuvo un nuevo puesto. Fue nombrado como jefe de área de la Dirección de Seguridad Institucional (DSI) del departamento de Guatemala del Organismo Judicial, según el acuerdo 1071-A/2024-TICM de fecha 28 de noviembre de 2024.
Su salario nominal bajo el renglo 011 (personal permanente que recibe beneficios como bono 14, aguinaldo y otras prevendas) fue de Q26,950 mensuales. Su contrato laboral fue firmado por Óscar René Calderón Arenas, coordinador de Recursos Humanos.
Flores Guzmán sustituyó en el cargo a Luis Xavier Granados Herrera, quien renunció.
A finales de 2024, el 19 de diciembre, Joaquín Rodrigo renovó su nuevo contrato para todo el 2025 en el IGSS. Esto se hizo bajo el documento número 479-ST/2024 y siguió asesorando en la Subgerencia de Tecnología del IGSS a cargo de Sergio Roberto Vinicio Barillas Ramírez.
Según los documentos, el ahora candidato a magistrado, brindó asesoría jurídica relacionada con adquisiciones, elaboración de opiniones legales y apoyo en requerimientos de la Contraloría General de Cuentas, entre otras actividades.
Por estos servicios, el IGSS le pagó un total de Q216 mil que se divieron en Q18 mil mensuales para lo cual debía presentar informes y factura electrónica. Ese mismo contrato fue renovado para este 2026.
Sin embargo, esta duplicidad de contratos terminó, no por Flores Gúzman, sino porque los despidieron del Organismo Judicial luego de múltiples denuncias y quejas de trabajadores de esa institución y en su lugar fue nombrado Eswin Leonel Sandoval García.
Por los abusos a los empleados judiciales, Joaquín Rodrigo Flores Gúzman fue denunciado ante la Procuraduría de Derechos Humanos por hacer trabajar a los agentes de seguridad del OJ y de la CSJ por más de 20 horas al día. La denuncia en manos de Vox Populi resalta lo siguiente: “Denunciamos a la direccion de seguridad institucional por establecer jornadas de trabajo totalmente violatorias a toda norma, vulnerando nuestros derechos humanos».
Acuerdo del Organismo Judicial en el que se nombra aJoaquín Rodrigo Flores Guzmán como jefe de la Dirección de Seguridad Institucional del Organismo Judicial. (Imagen: Vox Populi)
Copia de una de las facturas que entregó Joaquín Rodrigo Flores Guzmán por prestar su servicio al Seguro Social durante todo el año 2025, mientras tenía un contrato 011 en el Organismo Judicial. (Imagen: Vox Populi)
Prohibiciones en varias leyes
Con este caso vuelve a quedar en evidencia cómo desde la administración pública se manipula la ley para favorecerse con contratos en diferentes instituciones, pero además de forma simultánea.
La Constitución Política de la República de Guatemala indica en el artículo 112: “Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios”.
El artículo 15 de la Ley de Probidad, en su segundo párrafo, establece: “Ninguna persona podrá desempeñar más de un cargo o empleo público remunerado, excepto quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad en los horarios”.
La Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, en su artículo 15, además de lo establecido en otras leyes y reglamentos, prohíbe a los empleados y funcionarios del Organismo Judicial, entre otras conductas, lo que determina el inciso c): “Desempeñar simultáneamente empleos o cargos públicos remunerados, ejercer cualquier otro empleo incompatible con su horario de trabajo, así como ocupar cargos directivos en entidades políticas”.
El artículo 66, numeral 7 de la Ley de Servicio Civil, señala: “Ninguna persona podrá desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que los horarios sean compatibles”.
La Ley de Salarios de la Administración Pública, en su artículo 22, numeral 4, de igual forma establece prohibiciones, pero además resalta en su segundo párrafo: “La contravención de esta disposición da lugar a responsabilidad solidaria de la persona nombrada o contratada y de los jefes o superiores jerárquicos que den lugar o mantengan esa situación, debiendo hacerse de inmediato el reintegro de los sueldos o salarios percibidos indebidamente, sin perjuicio de las demás responsabilidades legales correspondientes”.
Otros cargos
Joaquín Rodrigo Flores Guzmán también ha ocupado otros cargos, entre ellos el de secretario de la Presidencia del Organismo Judicial, bajo la gestión de Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte.
Fue nombrado en ese puesto el 28 de diciembre de 2009, con un salario mensual de Q27,400. Asimismo, se desempeñó como secretario general de la Presidencia del Organismo Judicial del 4 de enero de 2010 al 16 de marzo de 2015.
Posteriormente, Flores Guzmán trabajó como asesor del viceministro de Gobernación, Carlos Enrique Franco Urzúa (exintegrante del Centro de Gobierno dirigido por Luis Miguel Martínez Morales, pareja del expresidente Alejandro Giammattei), de enero a marzo de 2022.
Luego, por influencia de Franco Urzúa, fue nombrado director del Sistema Penitenciario por el entonces ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, también durante la administración de Giammattei.
