Por Victoria Godoy
Escribiendo en Vox Populi
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El pasado 24 de abril el Ministerio de Educación hizo el lanzamiento del seguro médico escolar con la participación del presidente, Alejandro Giammattei. Desde la publicación del Acuerdo 44-2020 que da el marco normativo para la contratación del servicio, hasta la entrada de vigencia de este, pasó apenas un mes, algo atípico en un proceso de licitación.
Según la póliza del seguro podrá afiliarse un máximo de 2.6 millones de estudiantes, lo que representarían Q203.9 millones. El primer desembolso del Ministerio de Educación (Mineduc) al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) se hizo en abril por más de Q14 millones.
No han explicado los motivos por los cuales no hicieron el proceso de licitación, en qué estudio se basaron para determinar la necesidad del seguro y el impacto que esto tendría en la educación.
Los médicos registrados para atender consultas son 443 en tan solo 126 municipios, de los cuales 41% se encuentran en el departamento de Guatemala. Según información del CHN del 24 de abril al 31 de mayo se realizaron 3,338 consultas, por lo que en la primera fase de aplicación del seguro las consultas tuvieron un costo de Q4 mil 245. En el mismo periodo de tiempo los centros de salud de Chimaltenango se dieron 8765 consultas con un presupuesto anual de Q89.5 millones y en Chiquimula 14,146 consultas con Q92.3 millones al año, solo para tenerlo como un ejemplo de la importancia de fortalecer el sistema de salud pública que atiende más que un resfriado común.
El presidente aseguró que se iba tener control de peso y talla, algo que ya hace el Ministerio de Salud Pública; sin embargo, el contrato comercial con Urgencias Médicas, empresa contratada por CHN para prestar el servicio, no atiende medicina preventiva. El seguro es excluyente, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2014, el 86.1% de la población en edad preescolar (preprimaria) no están inscritos.
Los recursos públicos deben ser para atender las necesidades de todas y todos por igual, aquí se están destinando fondos para beneficiar a una empresa privada. Con esos más de Q200 millones se podría contratar 3500 maestros, incrementar el rubro para remozamiento de establecimientos que actualmente es de Q7 millones, incrementar el monto de la refacción escolar o incrementar la cobertura educativa. Acciones como estas no pueden ser consideradas políticas públicas, es solo una forma de privatización.
