Guatemala es de los países centroamericanos en donde los medicamentos son más caros, porque las autoridades no regulan los precios en beneficio de los empresarios farmacéuticos que para mantener este privilegio históricamente han financiado a partidos políticos e incluso han ejercido cargos burocráticos desde donde trafican influencias y la familia Batres Gil es un ejemplo.

    Fundador de la cadena Farmacias Batres, Carlos Arturo Batres Rivera fue financista y diputado del desaparecido Partido Patriota (PP). Su hijo, Carlos Arturo Batres Gil, fue secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, y actualmente guarda prisión sindicado en el caso Odebrecht.

    Por su parte, Sara María Batres Gil es fundadora de La Botica, S.A., junto con Jairo Ernesto Ponce Fernández y Francisco José Valdés Alvarado, parientes del empresario Francisco Valdés Paiz, copropietario de la empresa farmacéutica Lanquetin y financista del actual presidente Alejandro Giammattei.

    A la vez, Sara María es esposa de Arturo Alejandro Escobar Araujo, representante legal y gerente general de Helios, S.A., empresa receptora de Q83.2 millones en contratos en su mayoría con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).


    Sonny Figueroa
    sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
    Artículos de Sonny Figueroa

    Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
    Artículos de Marvin Del Cid


    Carlos Arturo Batres Rivera es originario de Quiché y su cadena Farmacias Batres cuenta con al menos 200 sucursales a nivel nacional. Su participación política cobró notoriedad en 2011, cuando financió al PP y logró un escaño en el Congreso de la República.

    Mientras aquél asumía como diputado, su hijo Carlos Arturo Batres Gil era juramentado como secretario privado de Baldetti. Según el Ministerio Público (MP), desde aquella posición no se limitaba a coordinar la agenda de la vicemandataria sino a pactar sobornos con empresarios a cambio de facilitarles contratos con el Estado.

    La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) acusó a Batres Gil de ser el intermediario entre el entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y delegados de la constructora Odebrecht para el pago de US$4.6 millones en sobornos a cambio de un contrato por US$385 millones para la reconstrucción de la carretera hacia el occidente del país.

    El 21 de enero de 2018 se giró la orden de captura en contra Batres Gil por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo.

    Durante más de tres años, el empresario farmacéutico estuvo prófugo y fue hasta el 21 de abril de 2021 en que se presentó ante el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva en el centro carcelario habilitado en la brigada militar Mariscal Zavala, al noreste de la Ciudad de Guatemala.

    El 4 de octubre de 2021, sus defensores solicitaron una medida sustitutiva a la que no se opuso el MP dirigido por Consuelo Porras y a cambio pidió el pago de una fianza de Q3 millones. No obstante, Aifán la rechazó y debió continuar en prisión. El 31 de enero de este año fue enviado a juicio por asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo. Ha presentado sin éxito recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar el inicio del debate en su contra en el Tribunal de Mayor Riesgo A, que conoce actualmente el caso.

    Carlos Arturo Batres Rivera (izquierda) junto a su hijo Carlos Arturo Batres Gil (derecha) procesado en el caso de corrupción Odebrecht. (Fotografía: redes sociales)

    La Botica y Sara María Batres Gil

    Mientras su padre ejercía como parlamentario, el 22 de enero de 2013 Sara María fundó La Botica, S.A., en sociedad con Jairo Ernesto Ponce Fernández (a) Cuto y Francisco José Valdés Alvarado.

    La compañía fue constituida por el notario José Rodrigo Muñoz Orozco, el abogado de la familia Batres Gil que por años les ha creado empresas y ha hecho los contratos de arrendamiento de los locales de las Farmacias Batres en todo el país. El representante legal de la misma es Dorian Fabián Ponce Fernández, hermano de Jairo Ernesto.

    La Botica, S.A. ha utilizado diferentes cuentas en la red social Facebook y en una de ellas comparte información de los productos disponibles en las Farmacias Batres. Esta coincidencia, sumada a la participación de Sara María en la empresa, confirma los vínculos entre las familias Batres y Valdés Paiz.

    El 1 de julio pasado, Vox Populi publicó la investigación El poder de los Valdés Paiz junto a Jairo Ponce “cuto” y sus vínculos con Giammattei en la que se documentó el surgimiento de La Botica, S.A.

    Con documentos y fotografías, el reportaje evidenció que Ponce Fernández y Valdés Alvarado, además de su padre, Francisco Valdés Paiz, son amigos del presidente Alejandro Giammattei y de Luis Miguel Martínez Morales, exdirector del Centro de Gobierno.

    Con Martínez Morales, Ponce Fernández mantiene una estrecha relación de amistad que se extiende a reuniones familiares y viajes al extranjero.

    A la vez, se puso en evidencia que, a raíz de esta amistad, la empresa pasó de Q16.7 millones en contratos con el Estado en cinco años a Q200 millones durante la administración de Giammattei. La Botica, S.A. obtuvo también un contrato abierto, avalado por el Ministerio de Finanzas Públicas, para constituirse durante un año en el proveedor al sistema de salud del fármaco Remdesivir.

    De lo anterior se colige que los dueños de La Botica, S.A. y de Lanquetin han sido beneficiados con negocios millonarios con el Estado tras financiar la campaña proselitista de Giammattei.

    Una semana después de publicada la pieza periodística, Sara María Batres Gil envió el 12 de julio una carta por medio de su abogado Byron Roberto Recinos Guerra en la que aseguró que desde 2015 no forma parte de La Botica, S.A.

    En la  misiva alegó que la publicación de Vox Populi afecta su dignidad como persona, como profesional y como mujer. Argumenta: “Desde el 7 de abril de 2015 no formo parte de la entidad La Botica, S.A., es decir, no soy accionista en dicha sociedad anónima, lo que compruebo con la constancia de fecha 6 de julio de 2022 extendida por Dorian Fabián Ponce Fernández, representante legal de La Botica, S.A. y la licenciada María Duarte de Melgar (contador público y auditor). En consecuencia, no soy responsable del giro tomado por la empresa o las decisiones tomadas por sus directivos y dueños”.ç

    Al recibir la carta, el equipo de Vox Populi se comunicó vía telefónica con el abogado Recinos Guerra para solicitarle copia de la documentación que hiciera constar que no es accionista de la empresa La Botica, S.A., para determinar la veracidad de la información enviada a este medio.

    Pese a requerir los datos para hacer valer los descargos de Sara María Batres Gil, tres meses después el equipo de Vox Populi no recibió los documentos que confirmen su desvinculación con la compañía.

    Familia Batres y Helios, S.A.

    Sara María Batres Gil es esposa del ciudadano salvadoreño Arturo Alejandro Escobar Araujo, actual representante legal y gerente general de Helios, S.A., empresa que desde 2020 ha obtenido contratos con el Estado por más de Q83 millones, particularmente con el MSPAS y el IGSS.

    Helios, S.A. pertenece al Grupo Paill, una de las más grandes farmacéuticas de El Salvador, fundada por María Concepción Contreras Contreras, según datos a los que Vox Populi accedió. Además de Guatemala, Grupo Paill tiene presencia en Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, Haití y República Dominicana.

    Helios, S. A. fue fundada el 26 de septiembre de 2000 en la Ciudad de Guatemala por el notario José Jorge Granados Mayes. Los socios fundadores son la estadounidense María Concepción Contreras Contreras y los salvadoreños Miguel Arturo Escobar Contreras y Héctor Eugenio Escobar Contreras.

    Los padres de Arturo Alejandro Escobar Araujo son Eduardo Rodolfo Escobar Contreras y Rosa Altagracia Araujo, según la información corroborada por Vox Populi en el Registro Civil de San Salvador, El Salvador.

    Grupo Paill ha estado vinculada al derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), según informes sobre financiamiento electoral. Incluso, en sus redes sociales, Escobar Araujo tiene publicidad de esa agrupación política. En Twitter, por ejemplo, ARENA también comparte información sobre el Grupo Paill.

    Esta compañía provee a diferentes farmacias en Guatemala, entre ellas a Bodega Farmacéutica, propietaria de la cadena Farmacias Cruz-Verde, que en los últimos 17 años ha obtenido contratos con el Estado de Guatemala por más de Q700 millones, según el sistema Guatecompras.

    En Guatemala, Helios, S.A. empezó a negociar con el Estado en 2013. Y en 2019, tenía contratos que sumaban Q55.5 millones. El aumento en sus ventas, no obstante, se registró en 2020, con el advenimiento de la pandemia por covid-19. En los últimos tres años ha facturado Q83.2 millones del MSPA y del IGSS.

    En 2020, el contrato con la suma mayor fue de Q1.5 millones por abastecer el medicamento Propiltiouracilo a diversos hospitales del IGSS. El abastecimiento más grande se registró en 2021, con el analgésico Fentanil Citrato, por un monto de Q2.3 millones con el seguro social. En 2022, su mayor volumen de ventas por el mismo fármaco ha sido de Q379 mil al Hospital General San Juan de Dios.

    Según Guatecompras, la empresa Helios, S.A. ha recibido más de Q130 millones del Estado de Guatemala desde 2013.

    La Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que las instituciones públicas hagan compras fraccionadas, porque con esta práctica se beneficia a determinadas empresas.

    El artículo 81 es claro: “Se incurrirá en fraccionamiento cuando una misma unidad ejecutora realice compras directas de baja cuantía o compras directas del mismo bien o servicio, durante un mismo cuatrimestre del ejercicio fiscal, cuya suma exceda el monto a partir del cual la cotización pública es obligatoria”.

    Las compras directas no deben superar los Q90 mil, mientras que las cotizaciones son por arriba de esa cantidad, pero sin superar los Q900 mil. El proceso para adjudicar contratos bajo la modalidad de cotización tarda meses, mientras que las compras directas pueden hacerse en una semana.

    A pesar de que el fraccionamiento está prohibido por la citada ley, Helios, S.A. se ha beneficiado con estas prácticas.

    El 27 de enero del presente año, el IGSS le adjudicó cinco compras directas del analgésico Fentanil Citrato en un mismo día por un monto de Q66 mil 567 cada una. Los requerimientos de compra fueron publicados el 14 de enero y el valor total fue de Q332 mil 835, por lo que debió hacerse una cotización.

    En los cinco concursos participó también la Droguería Americana, S.A., que ofreció el mismo producto a un precio de Q59 mil 776, una diferencia menor en Q6 mil con respecto a lo ofertado por Helios, S.A.

    Según las actas a las que Vox Populi accedió, las compras fueron avaladas por Fredy Méndez Mejía, supervisor general de presupuesto, compras y servicios contratados de la unidad Periférica Zona 11; Amelida Guadalupe Estrada Mejía, técnico de compras, y Alberto Pinto, de quien no se publicó el nombre completo y cargo dentro de la institución.

    Arturo Alejandro Escobar Araujo (izquierda) es representante legal de Helios, S.A. y Sara María Batres Gil (derecha) es propietaria de Farmacias Batres. (Fotografía: redes sociales)

    Sara María, los Altuna y Labymed, S.A.

    En el mundo empresarial de los medicamentos, insumos médicos y de laboratorio, los vínculos son fuertes, pues sirven para hacer negocios y tener contactos políticos cuando se necesiten. Un ejemplo ilustrativo de lo anterior lo constituye la relación comercial entre los Batres y los Valdés Paiz con la empresa Helios, S.A.

    En Farmacias Batres se venden productos de Labymed, S.A., una distribuidora de equipos de laboratorio que pertenece a la familia de origen vasco integrada por Iñaki Altuna Rodríguez y sus hijos Iñaki, Antonio y María José Altuna Penagos. Labymed, S.A. ha sido cuestionada por recibir favores de funcionarios públicos que están siendo investigados por la FECI.

    En 2020 donó más de Q700 mil en insumos y prestó equipo para procesar pruebas PCR de covid-19 que únicamente ellos ofrecían en el mercado, con lo cual el Estado tenía que comprarles obligadamente.

    La donación, finalmente, le representó a Labymed, S.A. la obtención de más de Q250 millones en contratos vía el MSPAS y el IGSS.

    Trabajadores que pidieron a Vox Populi no ser citados por temor a represalias de parte de la familia Altuna confirmaron que a las instalaciones de la empresa llega frecuentemente Sara María Batres Gil a reunirse con Iñaki Altuna Penagos, el gerente general.

    De acuerdo con registros obtenidos por esta redacción, Marta del Carmen Palacios Gil, prima de Sara María, trabaja desde noviembre de 2018 en el área de ventas-gobierno de aquel laboratorio, siendo su cliente principal el Hospital General San Juan de Dios.

    Como se consignó líneas arriba, Batres Gil remitió una carta a este medio desvinculándose de La Botica, S.A., pero sin aportar las pruebas fehacientes, mientras que su cónyuge, Arturo Alejandro Escobar Araujo, ha despachado lo siguiente: “No existe justificación para que mi persona o la empresa que represento resulten implicadas de manera indirecta en artículos de investigación que cuestionan actividades comerciales de compañías con las que no tenemos relación comercial, sino de competencia en el sector farmacéutico”.

    En El poder de los Valdés Paiz… se consignó que Sara María Batres Gil fue fundadora de La Botica, S.A., empresa a la que durante 2020, 2021 y 2022 el gobierno le adjudicó contratos por más de Q200 millones.

    Escobar Araujo es representante legal de Helios, S.A., compañía que ha facturado más de Q140 millones en contratos con el Estado, según se pudo constatar. Su nombre se mencionó en el trabajo periodístico porque al investigar a los fundadores de la Botica, S.A., se estableció que está casado con Sara María Batres Gil y que además representa a una empresa farmacéutica que ha recibido más de Q130 millones del Estado de Guatemala.

    Nota de Vox Populi:

    Cualquier empresa que haga negocios con el Estado está sujeta a fiscalización, sin importar a quien pertenezca o los vínculos que tenga. Vox Populi seguirá investigando al poder.

    Autores

    • Marvin Del Cid

      Periodista especializado en investigación y temas políticos. Formó parte de Prensa Libre y coordinó el equipo de investigación de elPeriódico. Además, fue jefe del área digital de noticias de Emisoras Unidas y estuvo a cargo del área de investigación en TV Azteca Guatemala. Profesor universitario.

    • Sonny Figueroa

      Periodista en medios radiales y escritos. Es colaborador para la agencia de noticias Associated Press -AP-. Publicó reportajes e investigaciones para los medios: No-Ficción, Nuestro Diario, Soy502, y Diario La Hora. En 2017, fundó Vox Populi, un medio que impulsa el periodismo de investigación.

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