Una red de robo de propiedades ha sido denunciada en varias ocasiones ante el Ministerio Público (MP), en la cual están involucrados, entre otros, Othniel Arturo Campos Mayorga, Mynor Renato Sandoval Martínez y José Clemente Ramírez Martínez.
El grupo se hace acompañar de hombres armados, camioneta polarizadas (algunas sin placas) y con documentos falsos con los que buscan desalojar a los propietarios de sus inmuebles.
Estas tres personas fueron las responsables de amenazar e intimidar a los autores de esta nota el 3 de junio de 2026 en la Avenida Reforma, zona 9 de la Ciudad de Guatemala, mientras realizaban una investigación periodística.
Otro de los involucrados es Luis Alberto Valladares Orellana, excandidato a la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN) quien ya fue capturado por robo de propiedades.
Sonny Figueroa
sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
Artículos de Sonny Figueroa
Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
Artículos de Marvin Del Cid
Vox Populi conversó con algunos de los afectados de esta estructura criminal que opera desde hace más de diez años con total impunidad, entre las víctimas hay un empresario al que le robaron un camión y maquinaria de trabajo.
Según los relatos recabados una de las formas de operar de este grupo consiste en falsificar documentos de compraventa de propiedades cuyos propietarios fallecieron para posteriormente intentar despojar de los inmuebles a sus familiares.
Pero no solo se apropian de casas, sino tambén de grandes extensiones de tierra.
En este texto se presentan los testimonios y las denuncias que obran en el Ministerio Público (MP) sobre ese grupo que opera, presuntamente, con la complicidad de varias personas que laboran en instituciones públicas como el Registro General de la Propiedad.
Estas tres personas son quienes lideran la red que roba propiedades. (Imagen: Vox Populi)
Caso 1: amenazaron de muerte a familia
El mediodía del 13 de febrero de 2025 dos hombres armados llegaron a una casa ubicada en la zona 8 de la Ciudad de Guatemala.
“De forma violenta e intimidatoria preguntaron por mi esposo. Les indiqué que no se encontraba en la vivienda; sin embargo, ellos, inconformes con mi respuesta, me exigieron que teníamos un mes para abandonar nuestra casa y advirtieron que, de no hacerlo, nos matarían”, resaltó la denunciante Sindy Mariela Rodas Menjivar.
Ella presentó la denuncia al Ministerio Público esa misma noche la cual se identifica con el número MP001-2025-8838.
Uno de los hombres que la amenazó de muerte fue José Clemente Ramírez Martínez, el mismo individuo que el pasado 3 de junio unto a Othniel Arturo Campos Mayorga y Mynor Renato Sandoval Martínez, intimidaron a los autores de esta nota en la Avenida Reforma, zona 9.
Según relató la afectada a Vox Populi, Ramírez Martínez iba armado y constantemente le gritaba que era dueño de la vivienda e intentaba ingresar a la fuerza.
Ambos personas le decían a la señora que su esposo, Carlos Alberto Folgar Luna, se había robado la propiedad y que ellos eran los legítimos dueños. Incluso, llevaban supuestos documentos del Registro General de la Propiedad, con los que aseguraban que todo estaba respaldado.
Sindy Mariela Rodas Menjivar no les abrió la puerta y José Clemente Ramírez Martínez y la otra personas se retiraron, no sin antes volver a amenazarla.
En la denuncia, Rodas Menjivar explicó que los dos individuos le indicaron que habían sido enviados por las siguientes personas: “Bryan Almengor (esposo de la prima de mi esposo), Shary Anielka Folgar Barquero (prima de mi esposo) y Amparo del Carmen Barquero Urroz (tía de mi esposo)”.
El caso, como suele suceder en el Ministerio Público, se encuentra detenido y las investigaciones no avanzan, pese a que ya ha transcurrido más de un año. Mientras tanto la familia afectada sigue temiendo por su vida.
En esta fotografía tomada por la propietaria de la vivienda ubicada en la zona 8 de la Ciudad de Guatemala se observa a José Clemente Ramírez Martínez junto a otro individuo, quienes llegaron al lugar con la intención de apropiarse del inmueble.
Caso 2: violento despojo de vivienda
El 31 de enero de 2025 a las 2 p.m. un grupo de 10 hombres fuertemente armados llegaron a una casa ubicada a la Colonia Santa Ana en la zona 5 de la Ciudad para desalojar a una familia que la alquilaba.
Las personas armadas eran lideradas por José Clemente Ramírez Martínez, quien es uno de los cabecillas de este grupo criminal dedicado al robo de propiedades, y llevaba documentos falsificados. Junto a ellos también se encontraba Mynor Renato Sandoval Martínez.
Tras el incidente una de las propietarias del inmueble presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) MP001-2025-6774 en la que se detallan varios de los hechos de esa tarde.
Ana María Landoni Quiñónez declaró al MP que el 31 de enero de 2025, aproximadamente a las 14:00 horas, observó que alrededor de diez hombres desconocidos llegaron a la propiedad ubicada en la 34 avenida «A» 27-13, colonia Santa Ana, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. Según indicó, el inmueble está inscrito en el Registro General de la Propiedad a nombre de su hermana, Marta Guillermina Landoni Quiñónez de Maza, de quien aseguró ser mandataria general judicial con representación. Agregó que la otra parte del inmueble corresponde a su sobrino, Mario René Monterros Quiñónez.
En su testimonio brindado al Ministerio Público afirmó que los hombres irrumpieron en el inmueble acompañados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Señaló que dos de ellos utilizaron herramientas para forzar la puerta de ingreso a la propiedad. El grupo iba acompañado por dos personas que dijeron ser abogados: José Clemente Ramírez Martínez y Jorge Antonio Meléndez Estrada.
La denunciante afirmó que entregó al MP una grabación, una fotografía impresa y una memoria USB en las que se observa el momento en que fue forzada la puerta de la vivienda.
Tras apoderarse de la propiedad el grupo criminal dejó viviendo en el inmueble a un hombre, una mujer y dos niños menores de edad. Esa misma noche llegaron otros sujetos armados quienes amenazaron a Ana María Landoni Quiñónez con el propósito de que no tomara acciones legales.
En su denuncia, Landoni Quiñónez también declaró que tenía arrendada la vivienda a Elsa Marina Guamuch Canel quien vivía con su familia. Afirmó que los ocupantes obligaron a los inquilinos a permanecer hacinados en dos cuartos, mientras ellos se instalaron en el garaje de la casa. Al día siguiente los arrendatarios abandonaron la propiedad por temor a lo que pudiera ocurrirles.
Estos hechos constan en la carpeta con el número de denuncia MP001-2025-6774, asignada a la Fiscalía de Casos Especiales, el 10 de febrero de 2025.
Estos tres hombre participaron junto a José Clemente Ramírez Martínez en el desalojo de la vivienda en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Fotografía: Vox Populi)
Caso 3: «Querían arrebatarnos nuestra casa»
La estructura de robo de propiedades encabezada por José Clemente Ramírez Martínez, Othniel Arturo Campos Mayorga y Mynor Renato Sandoval Martínez llegó hasta una vivienda ubicada en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala en 2021 para tratar de desalojar a una familia de su vivienda con un documento de compraventa falso.
Junto a ellos, según el denunciante, se encontraba el abogado Luis Alberto Valladares Orellana, excandidato a la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), quien el 4 de noviembre de 2021 fue capturado por el caso de robo de propiedades (posteriormente recuperó su libertad). Ese día también fueron aprehendidos Luis Fernando Chacón Pivaral, Edin Alberto Contreras Tabique y Vivian Adaly Aguilar.
Este es el testimonio del señor Jorge Hernández a quien también intentaron despojar de sus vivienda (testimonio textual, solo se corrigió el texto):
Hoy expongo la situación que mi familia y yo hemos enfrentado durante los últimos años para evitar perder nuestra vivienda, ubicada en un sector de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Esta situación nos ha obligado a realizar considerables gastos legales y económicos.
Hace más de 30 años falleció mi abuelo materno y, por asuntos familiares, nunca regularizamos la documentación de la propiedad, por lo que el inmueble quedó intestado.
Reconozco que esa omisión por parte de nuestra familia abrió la puerta para que, presuntamente, estructuras criminales integradas por personas vinculadas al Registro General de la Propiedad y abogados se aprovecharan de la situación para intentar despojarnos de la vivienda.
Hace aproximadamente cinco años, un hombre identificado como Luis Alberto Valladares Orellana llegó a nuestra residencia de manera prepotente preguntando por mi abuelo, pese a que ya había fallecido. Según nos indicó, buscaba obtener las firmas relacionadas con la compraventa de la propiedad en representación de un supuesto patrocinado, asegurando que la negociación ya estaba concretada.
Su presencia nos sorprendió, ya que nuestro abuelo llevaba años fallecido. Le negamos cualquier información y el acceso al inmueble. Valladares se retiró acompañado de cinco personas que se identificaban como licenciados, portaban armas y se movilizaban en vehículos tipo picop.
Ante esa situación acudimos de inmediato al Registro General de la Propiedad, donde constatamos que existía un supuesto traspaso legalizado de la vivienda que respaldaba esa compraventa. Por ello promovimos un amparo para evitar que la inscripción del traspaso quedara firme.
Durante el proceso también nos enteramos, por publicaciones de prensa, de que Luis Alberto Valladares Orellana había sido capturado por presuntamente facilitar el traspaso irregular de viviendas en distintos sectores de la capital, Escuintla y otros departamentos. Sin embargo, posteriormente recuperó su libertad y, tiempo después, incluso buscó convertirse en candidato a la Alcaldía de Guatemala.
Según nuestro relato, Valladares Orellana también realizó actividades frente al Ministerio Público acompañado de personas que afirmaban haber sido víctimas del robo de sus propiedades, lo que consideramos un intento por proyectar una imagen de inocencia y ganar respaldo político.
Como parte de la investigación realizada por el Ministerio Público, establecimos que la supuesta negociación de nuestra vivienda habría sido tramitada por un bufete de abogados y que la profesional señalada de realizar el traspaso fue María Elena Barrera Reyna, mediante actuaciones efectuadas en Coatepeque, Quetzaltenango.
Hasta la fecha, el supuesto comprador de la propiedad no ha sido capturado. Mientras tanto, mi familia ha tenido que viajar constantemente para asistir a las audiencias judiciales. Sin embargo, afirmamos que el proceso ha sufrido constantes retrasos y suspensiones que, en nuestra opinión, han terminado favoreciendo a la señalada.
También presentamos una denuncia contra las demoras registradas en el juzgado de Coatepeque. Actualmente el caso se encuentra en fase de debate, con el objetivo de recuperar legalmente la propiedad y que María Elena Barrera Reynaresponda por los gastos que hemos tenido que asumir durante estos años.
No obstante, según nuestra versión, la procesada ha argumentado padecimientos de salud, problemas mentales y una supuesta situación de quiebra económica, circunstancias que han sido utilizadas como justificación dentro del proceso.
Nuestra familia solicita que se haga justicia, que la acusada sea condenada y que la propiedad sea inscrita nuevamente a nuestro nombre lo antes posible. También cuestionamos que, pese a los elementos presentados en el proceso, continúe en libertad y que aún no se haya esclarecido para quién trabajaba, cómo obtuvo la información registral de la vivienda y quiénes participaron en el mecanismo que permitió intentar el despojo de nuestra propiedad.
Caso 4: «Me mostraron una foto de mi madre fallecida para intimidarme»
Baudilio Contreras Quemal presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en la que asegura haber sido víctima de amenazas de muerte, coacción y retención ilegal de su equipo de trabajo por parte de los propietarios de una finca ubicada en la ruta que conduce del municipio de Sanarate, El Progreso hacia la cabecera departamental de Jalapa.
La denuncia, identificada con el número MP308-2026-558 fue presentada el 13 de marzo de 2026 y señala que los hechos ocurrieron mientras ejecutaba un proyecto de colocación de asfalto.
Dos de los propietarias de esa finca son José Clemente Ramírez Martínez y Othniel Arturo Campos Mayorga, quienes llegan al lugar constanteme acompañados de Mynor Renato Sandoval Martínez.
Una vez iniciadas las labores, uno de los propietario del inmueble manifestó su inconformidad con la forma en que se ejecutaban los trabajos y exigió que se modificara el procedimiento.
Contreras sostiene que intentó explicar que, debido a las condiciones del terreno, era imposible realizar la obra como se le exigía. Pese a ello, afirma que uno de los dueños insistió en que debía hacerse exactamente como él ordenaba.
El denunciante resaltó que el conflicto escaló cuando el dueño amenazó de muerte a sus trabajadores y les advirtió que debían obedecer sus instrucciones.
De acuerdo con el documento, el hombre que lo intimidó suele desplazarse acompañado de varias personas armadas, situación que incrementó el temor de quienes participaban en la obra.
El denunciante también relata que posteriormente fue llevado a una laguna ubicada dentro de la finca, donde el propietario le ordenó asfaltar toda la orilla del cuerpo de agua, dicha exigencia estuvo acompañada nuevamente de amenazas de muerte y de la obligación de firmar un contrato mediante el cual trabajaría para el propietario.
Uno de los aspectos más delicados contenidos en la denuncia es que el propietario le mostró en su teléfono celular una fotografía de su madre, ya fallecida.
Para el denunciante, esa acción buscaba hacerle entender que conocía a su familia y que podía ubicar tanto a él como a su hijo
Tras negarse a firmar el contrato y realizar los nuevos trabajos, Contreras asegura que el propietario retuvo herramienta y un camión C079CBP.
En la acción presentada ante el MP, Contreras manifestó que teme por su integridad física y la de su familia debido a las amenazas que asegura haber recibido en al menos dos ocasiones.
