Por Sergio Morataya
Estudiante de Ciencia Política y activista político. Joven comprometido con la justicia social y los derechos humanos.
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Es evidente que la única universidad pública de Guatemala no se salva de las garras de la corrupción e impunidad sistemática que impera en el Estado, aun siendo está “autónoma”, con una deuda social, histórica y fuerte con la población del país.
Una de muchas preocupaciones a lo interno de la USAC es la forma en la que se eligen y designan a los miembros que conforman el Consejo Superior Universitario -CSU-, un proceso abiertamente excluyente y nada democrático, ya que no cuenta con la participación de las Escuelas No Facultativas y Centros Universitarios Regionales.
Otra preocupación es el despilfarro de dinero en campañas para decanaturas y rector, donde abundan las fiestas repletas de alcohol, sobornos y la coacción para la movilización de estudiantes a las urnas por puntos en algunas unidades académicas. Esta parece ser la estrategia más recurrente por los “profesionales” ligados a grupos criminales y aliados a la impunidad que aspiran a ocupar cargos importantes y trascendentales en la universidad.
Por otra parte, y no menos importante, la Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” -AEU-, que también pasó por un proceso de cooptación y secuestro por 17 años en manos de estructuras criminales (comités de huelga) que responden a intereses de las autoridades universitarias de turno, incluso intereses externos (Gilligan/Municipalidad de Guatemala).
No fue sino hasta 2017 cuando se recuperó de forma legítima y democrática tan importante espacio estudiantil y la más grande representación estudiantil de la USAC ante la sociedad. En reiteradas ocasiones la AEU ha presionado al CSU para que estos conozcan una propuesta de Reforma Universitaria hecha por los estudiantes, donde se busca y prioriza la inclusión de toda la comunidad estudiantil, un gobierno universitario abierto y procesos de elecciones más eficaces y transparentes.
Sin embargo, las autoridades universitarias, muchos de ellos coludidos con la corrupción y operadores de la impunidad, se rehúsan a conocer las propuestas de una AEU que ya no responde a los intereses de las autoridades y que no está bajo sus directrices.
Muchas veces usan a los comités de huelga y grupos de choque, agrupaciones de supuestos estudiantes, para validar sus acciones aunque estas sean contravengan los intereses de la comunidad universitaria y atenten contra los derechos y libertad de expresión de los estudiantes.
Urge que la comunidad sancarlista: estudiantes, docentes y trabajadores, retomen ese papel histórico de lucha y denuncia. Que exijan que la Universidad del pueblo siga siendo del pueblo y responda a las demandas y exigencias del pueblo. Sin duda, se escucha bonito, pero al igual que muchas instituciones públicas en la USAC opera toda una red de poder que subordinó y capturó el quehacer de la U.
Este grupo criminal reemplazó la academia e investigación por una agenda al servicio de los grupos interesados en capturar y cooptar la institucionalidad del Estado y de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El camino no es nada fácil, pero el compromiso y la responsabilidad por transformar completamente a la USAC debe movernos como sancarlistas a exigir una discusión amplia, popular y unificadora, así como la participación e inclusión de todos los sectores, para lograr la anhelada Reforma Universitaria, que nos conduzca a los cambios reales y estructurales que necesita la única universidad estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala.
¡Queremos una universidad libre de mafias y al servicio de las mayorías!
