De forma ilegal la Corte de Constitucionalidad (CC) reservó la información relacionada a la seguridad de los magistrados. Esta acción se dio luego de que Vox Populi solicitara la documentación relacionada los vehículos que usan los funcionarios judiciales a través de una solicitud de acceso a la información pública.

    Por medio de la resolución 01-2024, firmada por el magistrado presidente Néster Mauricio Vásquez Pimentel, se justifica que dicha decisión fue porque “durante los últimos meses se ha dado un incremento de incidentes que han constituido amenaza reales y tangibles contra la integridad de los magistrados”.

    Sin embargo, la CC mintió para poder reservar la información ya que en dicha resolución se asegura que algunos magistrados y magistradas tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando la única que tiene ese beneficio es Leyla Susana Lemus Arriaga.


    Sonny Figueroa
    sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
    Artículos de Sonny Figueroa

    Marvin Del Cid marvindelcid@voxpopuliguate.com
    Artículos de Marvin Del Cid


    El pasado 4 de junio, Vox Populi requirió por medio de una solicitud de información pública a la Corte de Constitucionalidad lo relacionado a los vehículos blindados que usan los magistrados: Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Dina Josefina Ochoa Escribá y Roberto Molina Barreto.

    Se requirió el número de placa de los carros que está asignado a cada uno de ellos y también de los vehículos que usaron en el pasado (por qué cambiaron las camionetas 2023 por 2024 sin justificación), pero, el 17 de junio, la jefa de la Unidad de Acceso a la Información de la CC, Débora Greace Ávila Chacón y el director administrativo, Lester Ramiro Reina González, negaron la información.

    Ávila Chacón y Reina González se justificaron basándose en que la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “otorgó medidas cautelares a favor de algunos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad”.

    Sin embargo, esta justificación es una mentira, ya que la única que tiene medidas cautelares es Leyla Susana Lemus Arriaga las cuales fueron otorgadas en enero de este año. Ningún otro magistrado ha sido beneficiado con protección del Estado de Guatemala por orden de la CIDH.

    Tanto la encargada de acceso a la información como el director administrativo se resisten a entregar lo que se pide y utilizan excusas que no están establecidad en la Ley de Acceso a la Información Pública con tal de retrasar la entrega de los datos.

    Al consultar al vocero de la CC, Cristian Ricardo Piral Paz, sobre la mentira que usaron en la negatoria de informacón a Vox Populi, en referencia a las medidas cautelares, lo justificó diciendo que la magistrada Dina Ochoa también tiene una petición ante la CIDH.

    Tras pedir información la declaran en reserva

    Dos días después de que la encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública y el director administrativo negaran la información a Vox Populi, el magistrado presidente, Néster Mauricio Vásquez Pimentel firmó la resolución 01-2024 en la que reservó la información relacionada al esquema de seguridad de los magistrados por siete años.

    El argumento principal usado por Vásquez Pimentel fue el mismo que señalaron Débora Greace Ávila Chacón y Lester Ramiro Reina González para no dar la información a este medio, de que la CIDH había otorgado medidas cautelares a algunos y algunas magistradas de la CC.

    Dicha resolución generó críticas a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quienes fueron señalados de “opacos” y “faltos de transparencia” por parte de la ciudadanía.

    La Red Rompe El Miedo de Guatemala publicó un comunicado en el que exigieron a la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que vele por el acceso a la información de los guatemaltecos y guatemaltecas.

    El jefe de la PDH José Alejandro Córdova Herrera como en otras ocasiones ha guardado silencio y no se ha referido al caso, pese a las ilegalidades y abusos de los magistrados constitucionales.

    Tras este cuestionamiento, la CC publicó un comunicado en el que siguieron mintiendo en relación a las medidas cautelares. Aseguraron que están comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas.

    Reserva de información tras publicación

    El pasado 5 de junio, Vox Populi reveló que los magistrados titulares de la CC decidieron renovar la flotilla de vehículos que tienen asignados. De esa cuenta, en noviembre pasado pagaron Q2.2 millones (US$283 mil 76) a Cofiño Stahl, S.A. por cinco camionetas Toyota 4Runner modelo 2024.

    Hector Hugo Pérez Aguilera, Leyla Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Nester Mauricio Vásquez Pimentel se beneficiaron a sí mismos con la compra de esos carros de lujo que usarán hasta abril de 2026.

    Cada camioneta 4Runner tuvo un costo de Q452 mil (US$58 mil 180). En dicha nota se explicó que la CC decidió comprar el modelo más costoso que incluye tapicería de cuero, rines más grandes y capacidad para siete personas.

    Esta publicación se hizo un día después de la solicitud de acceso que buscaba tener información sobre los carros que usan los cinco magistrados y que posteriormente fue reservada por el presidente Néster Mauricio Vásquez Pimentel.

    Autores

    • Sonny Figueroa

      Periodista en medios radiales y escritos. Es colaborador para la agencia de noticias Associated Press -AP-. Publicó reportajes e investigaciones para los medios: No-Ficción, Nuestro Diario, Soy502, y Diario La Hora. En 2017, fundó Vox Populi, un medio que impulsa el periodismo de investigación.

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    • Marvin Del Cid

      Periodista especializado en investigación y temas políticos. Formó parte de Prensa Libre y coordinó el equipo de investigación de elPeriódico. Además, fue jefe del área digital de noticias de Emisoras Unidas y estuvo a cargo del área de investigación en TV Azteca Guatemala. Profesor universitario.

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