Por Carlos Guzmán
Escribiendo en Vox Populi
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Guatemala parece que es ese pedacito de tierra en donde siempre buscamos ir contra la corriente donde se trata de salirse del marco de lo posible o viable por puro gusto, antojo o chingadera. ¿Por qué digo esto? Pues en el sentido más amplio porque somos un país fértil y que usa la tierra como mecanismo de subsistencia y para producir pero que también se esmera en excluir, discriminar y perseguir a campesinos y campesinas.
Y es que el tema de la tierra siempre ha generado controversias en Guatemala, por ejemplo, la (mal llamada) revolución liberal de 1871 que representó la expropiación de grandes extensiones de tierras de los pueblos indígenas para promover el cultivo del café por parte de una élite económica (que ahora estira la manita en el legislativo para ampliar el fideicomiso de apoyo financiero para productores de café hasta el 23 de octubre 2,051[1]).
[1] https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/congreso-aprueba-ley-para-la-reactivacion-del-cafe/
Posteriormente la aprobación del Decreto 900 durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán, que terminó siendo la gota que rebalsó el vaso del anticomunismo norteamericano, mismo que encontró apoyo fuerte en racistas cachurecos guatemaltecos reacios al cambio y modernización del Estado. Este evento es de vital importancia, pues marcó el inicio de una lucha sangrienta en donde miles de guatemaltecos y guatemaltecas perdieron la vida. Asimismo, es necesario señalar las masacres de Panzós y Sepur Zarco, pues ambos hechos de terrorismo de Estado surgen como respuesta ante las protestas y reclamos de campesinos de las Verapaces que fueron afectados por el expolio de tierras que históricamente fueron trabajadas por ellos. También es necesario recordar que no contamos con fuero jurisdiccional para temas agrarios y todo el activismo realizado por la Cámara del Agro para evitar la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural, esto por medio de desinformación y moviendo sus piezas en el pleno del Congreso de la República.
Y bien, podría continuar detallando diversos hechos atroces que ha ejecutado el Estado de Guatemala contra la población campesina del país, pero no terminaría jamás pues tenemos una historia escrita con sangre y que aparentemente sigue sin cicatrizar porque a más de cuarenta años de la masacre de Panzós, la población campesina de Guatemala sigue siendo víctima de exclusión y de balas. Menciono esto pues pareciera que hemos normalizado la muerte de campesinos guatemaltecos ya sea por hambre o por su militancia política, esto por las decenas de miembros del Comité de Desarrollo Campesino –CODECA– y de su brazo político, el Movimiento de Liberación de los Pueblos –MLP– que han alimentado las estadísticas de muertes violentas en el país.
Quiero terminar esta triste divagación recordando que el 18 de diciembre de 2018 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan en áreas Rurales, este instrumento fue aprobado con 121 votos a favor, 52 abstenciones y únicamente 8 Estados votaron en contra de la misma, siendo uno de esos ocho votos negativos el voto guatemalteco.
Creo que después del breve recorrido histórico de violencia realizado en los párrafos anteriores el voto negativo del Estado de Guatemala es congruente y coherente, pues nunca ha mostrado interés legítimo por este sector de la población y votar favorablemente por un instrumento que fomenta la participación de campesinos y campesinas para negociar colectivamente, que promueve la eliminación de todo tipo de discriminación o exclusión contra campesinos y campesinas, que propone fortalecer la soberanía alimentaria y que señala las asimetrías de poder derivadas de las relaciones económicas sería algo que aparentemente va contra sus intereses reales.
