Por Bárbara Escobar
Bióloga feminista, promotora de la ciencia y las causas justas. Transformar el mundo (aunque sea un poco) y la convicción de que podemos construir una mejor sociedad es lo que mueve mi vida.
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El Atlas de Justicia Ambiental (El Atlas en inglés) es un recurso interactivo cuyo objetivo es visibilizar los conflictos y grandes proyectos que perjudican al medio ambiente alrededor del mundo. Esta también es una plataforma de comunicación entre Organizaciones de Justicia Ambiental y científicos que trabajan en estos temas. Además, favorece que los movimientos de justicia ambiental sean la base para alcanzar mecanismos más justos, equitativos y menos perjudiciales para el medio ambiente. Esta plataforma presenta, para el caso de Guatemala, 29 casos de conflicto ambiental relacionados con megaproyectos turísticos, extracción de petróleo en áreas protegidas, ecocidios, monocultivos, hidroeléctricas, mala gestión de residuos, conflictos industriales, así como conflictos por biodiversidad y conservación.
No es nada nuevo que en Guatemala existen muchos grandes proyectos que han vulnerado los derechos humanos y las condiciones de vida de muchos guatemaltecos y guatemaltecas. Podemos mencionar dos de muchos casos: la resistencia pacífica “La Puya”, en la que desde el 2012, las comunidades maya kaqchikel de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo se oponen a un proyecto extractivo de oro para el cual no fueron consultadas y para el cual se han encontrado muchas deficiencias y errores en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); otro caso es la criminalización de Bernardo Caal, líder indígena maya q’eqchi’, quien lleva dos años preso injustamente por liderar la defensa del territorio ante proyectos hidroeléctricos que han llevado violencia, pérdida de agua, biodiversidad y medios de vida a las comunidades de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.
Aunque son numerosos los casos, las personas asesinadas y criminalizadas esto parecía ser algo muy lejano a nuestra vida en el área urbana en la Ciudad de Guatemala; sin embargo, hace unas semanas, gracias a denuncias de vecinos y vecinas, empezaron a visibilizarse avances en la tala de árboles en uno de los pocos remanentes boscosos de la ciudad. Esta vez, los recursos y el territorio que estaban siendo destruidos estaban a la vista de quienes vivimos en la ciudad. Distintos sectores manifestaron su interés y preocupación en hacer algo al respecto, por lo que desde la Comisión de Medio Ambiente y Biodiversidad del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (COFAQUI) pedimos a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental “El Socorro Fase I: Finca El Socorro Fase IA” del proyecto y así poder analizarlo y hacer las observaciones pertinentes en el plazo que el mismo está a la vista pública (17 de septiembre al 14 de octubre de 2020).
Después de un análisis técnico realizado por 10 profesionales, de biología en su mayoría, encontramos numerosas deficiencias en el documento. Fue así que, con el fundamento técnico, científico y legal planteamos ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) una oposición a la aprobación del EIA. Este proceso ha permitido evidenciar deficiencias en los procedimientos relacionados a la aprobación de proyectos de este tipo, y aunque estas siguen sin ser nada nuevo, esta coyuntura puede ser una buena base para empezar a promover los cambios necesarios.
Menciono algunas de las malas prácticas que quedaron en evidencia en el EIA analizado: 1) el proyecto fue presentado como FASE IA, con un área de alrededor de 12,230 m2, cuando en realidad Ciudad Cayalá es un proyecto planificado para un área de más de 1,500,000 m2.
Esta es una mala práctica común: fraccionar un gran proyecto en varias fases, para hacerlo pasar como proyectos de menor impacto y así obviar ciertos requisitos y medidas de mitigación; 2) el EIA fue realizado por un arquitecto, que si bien está certificado por el MARN para hacer este tipo de estudios, deja nuevamente en evidencia porqué se requieren cambios en estos procesos. Los EIA deben ser estudios elaborados por equipos multidisciplinarios ya que no podemos pretender que cualquier profesional que reciba un curso de 120 horas (eso basta para poder hacer estudios de EIA) tiene el conocimiento necesario para abordar correctamente todos los temas que se necesitan incluir en el documento. Por permitir esto es que tenemos EIA como el de El Socorro, que indica que en la ciudad no hay fauna silvestre (cuando en realidad hay más de 200 especies de vertebrados registradas), que pasa por alto que el proyecto será en una zona de recarga hídrica y por lo tanto afectará el ya escaso recurso para la ciudad, entre otros temas que se salen de la competencia de alguien que no tiene formación ambiental y sólo recibió un curso de 120 horas. Hay mucho que cambiar y espero que este evento sea la base para ello.
En el análisis técnico del COFAQUI también hicimos una estimación de los servicios ecosistémicos asociados al área del proyecto (servicios que suelen pasar desapercibidos como la remoción de contaminantes, producción de oxígeno y valor recreacional). Con esta fase del proyecto, la población de la Ciudad de Guatemala, estaría dejando de percibir aproximadamente Q5 millones 733 mil 805 al año.
Con algunos de los datos del análisis técnico que trabajamos, lo que quiero es dejar claro que no somos “un grupo de ambientalistas oponiéndonos al desarrollo”, como muchas veces dicen personas ignorantes del tema. Somos profesionales que hemos dedicado nuestra vida a estudiar el medio ambiente y por eso tenemos claridad de que no sólo estamos defendiendo bosques (que ya de por sí es algo importante) sino que, con ello, también defendemos la calidad de vida de las personas. Ojalá todo esto que está pasando en El Socorro también nos haga reflexionar sobre esa defensa del territorio, la vida y las personas, que es algo que muchas comunidades llevan siglos haciendo en sus territorios
