Por irónico que parezca, en 2011, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, se graduó de abogado y notario en la Universidad de San Carlos Guatemala (Usac) con una tesis titulada: “Los derechos humanos y su situación en Guatemala”.
En su planteamiento, resalta que la violación a los derechos humanos en el país, la impunidad, la inseguridad, la violencia estructural y la falta de confianza ciudadana en las instituciones eran temas delicados.
Asimismo, apunta que los defensores de derechos humanos se enfrentan a condiciones adversas para ejercer su labor, marcadas por amenazas, hostigamientos y ataques que ponen en riesgo su vida, integridad y seguridad, lo cual incluye a periodistas.
Paradójicamente, 15 años después, Curruchiche es la antítesis de su investigación académica, ya que es uno de los más notables violadores de los derechos humanos en Guatemala y considerado por los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), un actor corrupto que socava la democracia en Guatemala.
A causa de sus acciones, jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos se encuentran actualmente en el exilio y otros tantos están encarcelados por un retardo malicioso de los procesos judiciales.
Sonny Figueroa
sonnyfigueroa@voxpopuliguate.com
Artículos de Sonny Figueroa
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En su tesis hace una revisión histórica que ubica a Guatemala como un país marcado por golpes de Estado, regímenes autoritarios, conflicto armado interno y una débil cultura democrática. Este contexto explica por qué, durante largos períodos, los derechos humanos fueron sistemáticamente violentados, principalmente por sectores de poder y el propio Estado.
Resalta que la represión de finales de los años setenta y principios de los ochenta es señalada como una de las etapas más graves, caracterizada por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres contra población civil.
En un segundo capítulo se enfoca en las organizaciones de derechos humanos que operan en el país, tanto estatales como no gubernamentales. Se analiza el surgimiento de estas entidades como respuesta a contextos de violencia e impunidad, así como su misión de defensa, promoción y educación en derechos humanos.
Un papel relevante ocupa la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), concebida como un ente del Congreso de la República encargado de velar por el respeto a los derechos fundamentales frente a la actuación de la administración pública.
No obstante, el autor señala que, pese a su importancia institucional, la PDH enfrenta limitaciones estructurales, presupuestarias y políticas que reducen su impacto real.
Al mismo tiempo, examina el trabajo de organizaciones independientes como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y otras instancias de acción legal que han documentado violaciones graves, pero que también han sido objeto de cuestionamientos y ataques, lo cual ha contribuido a una percepción negativa en ciertos sectores de la población.
La dignidad humana es presentada como el fundamento último de todos los derechos, y su desconocimiento —ya sea por intereses políticos, económicos o ideológicos— conduce a la deshumanización y a la normalización de la violencia.
Curruchiche indica en una parte del documento que deben apoyar y fortalecer a las instituciones nacionales de derechos humanos y crear nuevas, de ser necesario.
Situación actual y crisis de credibilidad
En el capítulo final, el fiscal identifica como problemas centrales la impunidad, la inseguridad, la violencia estructural y la falta de confianza ciudadana en las instituciones como factores fundamentales en la violación de los derechos humanos.
Agrega que idea recurrente es la percepción —errónea, pero extendida— de que las organizaciones de derechos humanos únicamente defienden a personas vinculadas con actividades delictivas, dejando de lado a las víctimas.
Esta desconfianza, según la investigación, se profundiza cuando el Estado no sanciona a los responsables de violaciones graves y cuando las leyes no se aplican de manera justa y razonable. El sentimiento de injusticia se convierte así en un factor que debilita el Estado de derecho.
La tesis concluye que la protección efectiva de los derechos humanos en Guatemala depende de dos factores clave: un compromiso real del Estado para combatir la impunidad y garantizar justicia y la actuación imparcial y transparente de las organizaciones de derechos humanos, orientada a la defensa de todas las personas, sin distinción.
Como propuestas, plantea fortalecer la educación en derechos humanos, mejorar la razonabilidad de las leyes, reforzar las instituciones encargadas de la protección de los derechos fundamentales y recuperar la confianza ciudadana mediante resultados concretos.
Rafael Curruchiche está sancionado (no puede ingresar) por Estados Unidos y los países que integran Unión Europea por ser considerado un acto antidemocratico y afectar los derechos humanos de guatemaltecos a través de investigaciones penales espurias. (Fotografía: Redes Sociales)
Del diente al labio
“Los derechos humanos y su situación en Guatemala” es un título que probablemente pueda venderse en las estanterías para personas distraídas o desinformadas a quienes una frase semejante les despierte alguna curiosidad.
No obstante, para quienes están familiarizados con el nombre de Rafael Curruchiche no les resultaría en gracia a sabiendas de que el jefe de la Feci ha sido uno de los protagonistas del desmantelamiento de lo poco que el país había logrado en materia de justicia y derechos humanos.
A causa de sus acciones, jueces, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos se encuentran actualmente en el exilio y otros tantos están encarcelados por un retardo malicioso de los procesos judiciales.
Analistas consultados por Vox Populi observan que tras la expulsión violenta de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el abandono absoluto de la persecusión a estructuras corruptas y criminales en la administración del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras, se pusieron en práctica algunos procedimientos que caracterizan el desempeño de Rafael Curruchiche.
De acuerdo con los expertos, estos procedimientos incluyen la formación de casos a partir de “una denuncia anónima” de “un ciudadano” que pareciera ser el mismo para toda las pesquisas.
Asimismo, hay un abuso recurrente de la figura de la reserva judicial, lo cual dificulta a los imputados conocer los motivos por los cuales se les captura y envía a prisión preventiva, llegando incluso a posponer más allá de lo permitido por las leyes el tiempo para comparecer por primera vez ante juez competente.
Paralelamente, en algunos casos se abusa de la suspensión de las audiencias por incomparecencia de los fiscales del MP o de organizaciones aliadas de este como la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Otro detalle que encuentran los analistas es el uso de mala fe de la figura de aceptación de cargos con el que a cambio de no seguir soportando las vejaciones que suponen la vida en los reclusorios, muchos imputados se ven obligados a aceptar la comisión de hechos aunque fuesen inocentes.
Finalmente, los analistas coinciden en que el abuso de poder y autoridad por parte de personajes como Curruchiche llegaron al colmo de pasar por encima de la autonomía de instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al que despojaron de la supremacía constitucional de ser la única institución con jurisdicción en los asuntos electorales y de derechos cívicos de la ciudadanía.
Tesis-Rafael-Curruchiche
