En la percepción están los caprichos de la mamá de Tarzán

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    Por Godo de Medeiros

    Es un periodista, poeta, escritor y narrador guatemalteco, quien ha publicado al menos cuatro libros de cuentos y dos de poesía

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    La percepción es la manera en que comprendemos algo. Y dependiendo de si preferimos ir al cine o esperar a que nos cuenten la película, nuestra percepción será amplia o limitada, turbia o clara.


    A la percepción amplia y clara yo la llamaría cultivada, mientras que a la segunda incitada. La percepción incitada se forma a partir de estímulos y es la que publicistas y propagandistas han logrado embutir en el mundo por encargo de las compañías multinacionales y transnacionales, las guionistas de la película de la vida.

    En las redes sociales, la percepción incitada puede colegirse por la cantidad exorbitante de gente adicta a los mitos y a los discursos de empresarios, políticos y religiosos maleantes y embusteros.

    No obstante, para quienes ejercen sus facultades mentales plenas, tratar de explicar este fenómeno significaría echar a perder tiempo valioso, pues nadie ignora que aquello es resultado de la política impuesta en Guatemala por Estados Unidos en junio de 1954, cuando en lugar de un Estado democrático (como el que se estaba perfilando desde 1944) instituyó un Estado de bienestar para la tríada compuesta por jefes militares anticomunistas, mercantilistas oligarcas y estructuras criminales paraestatales (que con los años “ahorraron” lo suficiente para convertirse en socios de unos y de otros hasta que tomaron el control absoluto del país en el gobierno de Jimmy Morales).

    ¿Cómo así que un Estado de bienestar?, me preguntará usted.

    Y aunque supongo que ambos hemos creído que un Estado de bienestar es aquel que beneficia a todos sus habitantes, la realidad nos muestra que los jefes militares disponen anualmente del quinto presupuesto más abultado de la administración pública (unos Q3 mil 200 millones). Tienen su propio hospital (no hay un hospital para albañiles y otro para secretarias, por ejemplo), su propio instituto de previsión social, fábricas de ropa, calzado y municiones; colegio, instituto y universidad, entre otros beneficios que incluyen el “secreto” para no rendir cuentas a la población (obligada a pagar esos privilegios).


    Por su parte, los mercantilistas oligarcas y las estructuras criminales paraestatales reciben del Estado ayudas económicas por medio de subsidios, exoneraciones de arbitrios e impuestos, cesión de territorios y vía libre para aumentar los precios de sus productos y servicios cuando les dé la gana (en una morbosa disparidad en relación con el salario mínimo de la masa trabajadora que no ha aumentado desde hace 20 o 25 años), además de la exoneración de impuestos a un gran número de actividades rentables solapadas bajo la figura de fundaciones, iglesias, centros de estudios o del oprobioso negocio de la “filantropía” o la “caridad”.

    ¿Y qué se carga usted contra la filantropía y la caridad?, me reclamará con enfado.


    Por definición ontológica, pero en todo caso por mandato constitucional, el Estado debe garantizar la salud y el bienestar de sus habitantes, por lo que “recaudar fondos” desde organizaciones lucrativas que además figuran en el presupuesto del Estado atribuyéndose funciones competentes al sistema de salud pública no es más que un comercio indigno maquillado para que se perciba como acto filantrópico o de caridad y no como un asalto a las finanzas estatales como parte de la estrategia de privatización de la salud.

    A lo anterior agréguele que esos actores subvencionados gozan de la protección de leyes aprobadas por diputados aduladores y de sentencias y fallos judiciales de jueces y magistrados también aduladores.

    Pero, ¿cómo se atreve a calificar de aduladores a los diputados, jueces y magistrados?, me espetará usted con sobrada razón, porque el adjetivo idóneo quizás no sea “aduladores” sino mayorales.

    De tal suerte que Dina Ochoa, presidenta del poder constitucional; Shiley Rivera, presidenta del poder legislativo; Patricia Valdez, presidenta del poder judicial; Consuelo Porras, fiscal general y Blanca Alfaro, copresidenta del poder electoral, resultan ser mayorales de la tríada cuyas acciones fríamente calculadas generan una percepción desventurada de las mujeres.

    No obstante, y en descargo de las funcionarias, habría que reconocer su sacrificio y lealtad que inducen a recordar los celebrados versos de un corrido: “Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida; pero hay que tener cuidado si esa hembra se siente herida…”.

    ¿Y qué chingados tiene que ver la percepción con todo este palabrerío sin sentido?, me reprochará usted con evidente cansancio, repitiendo que las cosas siempre han sido así y que no es ningún secreto que estemos siendo gobernados por el lumpen almidonado, a lo que le respondo cortésmente que no se adelante y tenga paciencia, porque precisamente los maleantes y embusteros han tenido éxito gracias a las audiencias precipitadas, reaccionarias y ligeras.

    A lo que queremos llegar es a que quienes están a la cabeza de la depredación de los organismos e instituciones del Estado tienen la percepción de sí mismas(os) de que lo que están haciendo es normal y hasta correcto, pues sus códigos morales y éticos abrevan del pozo de sus designantes: los dueños de fortunas habidas mediante amaños, despojos, robos y usura (las riquezas basadas en el trabajo y esfuerzo decentes son la excepción y no la regla en este país).

    Y ahora, si le parece, encienda la tele por si acaso da una conferencia de prensa la mamá de Tarzán.

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