Periodista especializado en investigación y temas políticos. Formó parte de Prensa Libre y coordinó el equipo de investigación de elPeriódico. Además, fue jefe del área digital de noticias de Emisoras Unidas y estuvo a cargo del área de investigación en TV Azteca Guatemala. Profesor universitario.
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En el sistema judicial de Guatemala, las cosas funcionan como les da la gana a ciertos operadores y para ellos no existen las sanciones, pues son parte de una estructura enraizada a quienes la justicia es lo que menos les importa.
Durante dos años mi amigo y colega Sonny Armando Figueroa Alvarado estuvo arraigado por una decisión arbitraria del juez de Turno de Primera Instancia Penal, Ángel Arturo Contreras Sierra.
Contrera Sierra no conforme con eso decidió que Sonny debía firma una vez al mes el libro de medida sustitutiva e ir a poner su huella al Ministerio Público (MP).
La víctima perseguida y criminalizada por los jueces. Vaya desfachatez.
El 11 de septiembre de 2020, frente al Palacio Nacional de la Cultura, agentes de la Secretaría de Asunto Administrativos y de Seguridad (SAAS), Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron ilegalmente a Sonny.
Pero no solo lo detuvieron. También lo golpearon, como suelen hacerlo con muchas personas, con total impunidad, y luego trasladado a la Torre de Tribunales, en donde estuvo retenido por casi 24 horas.
Los captores, además, le implantaron Q100 para que su caso fuera conocido por un juez penal y de esa forma tratar que fuera ligado a proceso por cohecho activo, no lo lograron, pero sí lograron lo que explique en los primeros párrafos de este texto.
La orden para detenerlo la dio el comisario Danny Estrada, quien sigue libre e impune. Su estrategia fue bien planificada desde un aparato de seguridad del Estado como en los peores años de la represión.
Los agresores materiales fueron Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexander Barrientos González, ambos estaban asignados a la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS), irónico pero cierto, lo peor es que esa unidad es quien cuida a muchas personas amenazadas en Guatemala, cuidado si usted recibe el auxilio de esa unidad su vida puede correr riesgo y debería establecer bien quién lo acompaña.
El 19 de octubre de 2020, luego de la investigación de Jaqueline Acuña Chacón, en ese entonces auxiliar de la Fiscalía de Periodistas, se logró la detención de Fuentes Navarro y Barrientos González. De no haber sido por el trabajo de ella,, nada hubiera pasado y como sucede en la mayoría de casos estaría archivado
Apenas el viernes 12 de agosto el Juzgado Tercero Penal a cargo del juez Geisler Pérez levantó el arraigo en contra de Sonny Figueroa, luego de casi dos años.
Sonny, cada cierto tiempo, debía persentarse al juzgado para preguntar sobre el arraigo y simplemente no habían respuestas. En varias ocasiones lo acompañé y los burocrátas no daban razones, pues son parte del mismo sistema judicial nefasto y obsoleto.
La respuesta siempre era la misma que el juez no había firmado y que ellos no podían hacer nada, pues él es la autoridad superior.
Pero eso no es todo. En septiembre de 2021 (un año despues de la captura, vaya justificia pronta y cumplida) el MP le pidió a Geisler Pérez el sobreseimiento del caso, pero esta solicitud pasó nueve meses archivada, ya que el juzgador no queria conocerla y fue hasta en junio de 2022 que la desestimó.
Aún así, Sonny seguía con arraigo y hasta el pasado 12 de agosto le fue levantado. No solo fue víctima de los abusos de la PNC, pues los jueces en su dictadura judicial hacen lo que quieren y las autoridades superiores del Organismo Judicial (OJ) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solo están de adorno en muchos casos.
Sonny tuvo que llevar el documento de la disposición de levantarle el arraigo a la Dirección General de Migración, ya que de no haberlo hecho en el juzgado a lo mejor se hubiesen tardado dos años más. Hasta eso hay que hacerles, pues son inoperantes.
Los dos agentes que golpearon a Sonny deberán enfrentar juicio oral y público a partir del 29 de agosto y que debió empezar el 26 de julio de 2022, pero fue suspendido con justificaciones absurdas y sin sentido.
No nos van a callar y pese a las difamaciones, calumnias y amenazas nuestro trabajo de investigación periodística va a continuar.
